Por Redacción
Ciudad de México.- El sistema de protección a refugiados en México está al borde del colapso pues las autoridades federales no han resuelto más de 7 mil solicitudes de asilo presentadas el año pasado, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que demandó dar solución a esta problemática, pues la ley establece que las solicitudes deben ser respondidas en un máximo de 46 días.
El organismo detalló que en 2017 se presentaron 14 mil 595 solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) -un máximo histórico-, de las cuales 7 mil 719 aún no es resuelta, lo que representa un rezago de casi 60 por ciento.
Esto representa una violación a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que indica que las solicitudes se tendrán que resolver en un plazo máximo de 45 días.
“Tal situación preocupa al considerar que han sido reportados 2 mil 400 procedimientos abandonados y desistidos, presumiblemente como respuesta a los largos plazos de resolución y la poca información que se proporciona a los interesados, lo que se traduce en una negación de facto a la protección internacional”, planteó la CNDH.
Frente a ello, y como factor adicional, la Comar, el 30 de octubre pasado, publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos de los procedimientos que lleve a cabo la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México”; teniendo como argumento central la falta de capacidad operativa para garantizar el desarrollo de los procedimientos en condiciones que permitieran dar certeza y seguridad jurídica; suspensión que hasta la fecha continúa y que más que generar certeza ha provocado inseguridad y desánimo en la gran mayoría de los solicitantes que no saben cuándo tendrán una respuesta a su solicitud, lamentó el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez.
“Esta circunstancia resulta preocupante, pues tan sólo en la Ciudad de México, el alto número de solicitudes de la condición de refugiado representa un impacto para más de 3 mil 600 personas que esperan una resolución a su petición de refugio, y quienes después de más de tres meses de incertidumbre, no cuentan con protección efectiva o respuesta contundente por parte de la Comar para brindarles protección en nuestro país.
“Para la CNDH es prioritario que el gobierno federal a través de la Comar reinicie sus actividades, pues de acuerdo a la información recabada por esta Comisión Nacional a través de quejas, la oficina en la Ciudad de México es responsable de las solicitudes presentadas en otras entidades federativas como Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco, por lo que el rezago en la tramitación y resolución de procedimientos podría ser mayor”.
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