Por David Zárate Cruz
Ciudad Reynosa, Tamaulipas.- La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas deberá otorgar pensión por invalidez definitiva a un ciudadano, pero además atención médica, clínica, farmacéutica y demás prestaciones, lo cual suma 518 mil 438 pesos, ya que mediante la ejecutoria 191/2017 magistrado federales le negaron el amparo en contra de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) por ser inoperantes sus argumentos.
El magistrado Juan Pablo Hernández Garza, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, determinó inoperantes los argumentos del IMSS, que acepta que su perito médico no tuvo ante su presencia al actor para realizarle los estudios, pero alega que eso no quiere decir que haya dejado de estar sujeto a los dictámenes rendidos, pues se deja abierta la opción de que el dictamen lo pueda consultar cualquiera de los médicos, por lo que tiene libertad de presentar a diversos peritos.
El 26 de abril, el IMSS acudió ante el Poder Judicial Federal en Reynosa para presentar demanda en contra de la Junta Especial Número Sesenta de la JFCA, por Laudo dictado por concepto de pensión por invalidez en el juicio laboral 737/2014, que consideró como violatorio de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, iniciándose el juicio de amparo 191/2017.
En un principio un ciudadano demandó al IMSS ante la JFCA, reclamando el otorgamiento de la pensión de invalidez definitiva a partir del 6 de agosto de 2014 y demás prestaciones. Al acudir a juicio el organismo médico manifiestó que carece de acción y de derecho, toda vez que no reúne los requisitos establecidos la Ley del Seguro Social, ya que no ha demostrado que las enfermedades que señaló lo imposibiliten para seguir laborando en los términos que señala en su demanda.
La Junta emitió el Laudo condenando al IMSS a que otorgue y pague al actor pensión por invalidez definitiva, y al otorgamiento de la atención médica, clínica, farmacéutica, para él y sus beneficiarios legales (su esposa e hijo); además de las asignaciones familiares, consistentes en un 15 por ciento sobre el valor de la pensión, al pago de los aguinaldos, antelo cual la institución federal recurre al juicio de amparo.
El magistrado Juan Pablo Hernández Garza, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que, el IMSS en manera alguna combate eficazmente los motivos que tomó en cuenta la Junta para negarle valor probatorio al dictamen de su perito, que quedaron transcritas con anterioridad, por el contrario acepta que su perito omitió realizarle la exploración física a la parte actora, lo que evidencia que no realizó la confrontación del perfil del puesto.
Por ende, no le practicó directamente alguno de los estudios especializados que determinaran si las limitaciones de la actora eran leves o graves, por tanto correctas o no las consideraciones que expuso la Junta para negarle valor probatorio al dictamen del perito del demandado, las mismas deberán continuar rigiendo el sentido del laudo, por lo que propuso negar el amparo y ello fue aprobado por el pleno judicial.
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