Por David Zárate Cruz
Matamoros, Tamaulipas.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Matamoros revictimizó a una mujer al quitarle los niños sin brindarle ninguna protección a ellos y dos menores por la violencia domestica del padre.
Debido a que el padre faltó a su obligación de velar por el interés superior de los niños, mediante la sentencia 1024/2016 el Poder Judicial Federal otorgó el amparo para que restituyan de manera total los derechos fundamentales de la mujer que al final resultó víctima.
El Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, determinó que se advierte que en la evaluación de un menor se indicó que sufrió de maltrato infantil por el hecho de haber sido expuesto a la violencia de pareja que ejerció el padre sobre la esposa, madre de los menores.
La situación empeoró porque las autoridades responsables no llevaron a cabo los procedimientos aplicables para la protección de los menores, ni de la madre de los infantes.
El 18 de noviembre del 2016 una mujer acudió ante el Poder Judicial Federal en Matamoros para presentar demanda en contra del DIF Municipal, por la ilegal detención de sus menores hijos y la privación de su derecho como madre de la guarda y custodia de ellos, lo cual consideró como violatorio del interés superior del niño y las garantías de seguridad jurídica y debido proceso.
El Juez señaló que la autoridad revictimizó a la mujer, toda vez que sufrió violencia doméstica, por lo que el Procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, perteneciente al DIF Matamoros, en vez de proteger y salvaguardar la integridad de la madre y los niños argumentó que éstos sufrían violencia psicológica, sin especificar el motivo, con dictámenes periciales carentes de metodología, tests, narrativa de hechos, así como aspectos teóricos que fueron utilizados.
El Juzgado emitió la sentencia otorgando el amparo para que restituyan de manera total los derechos fundamentales de la mujer y sus hijos y a apoyar a la agraviada y a los menores con los programas que resulten aplicables.
En suma, deberán proporcionarles en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y orientación, así como atención psicológica, con relación al maltrato infantil y la violencia contra la mujer.
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