Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- De ser aprobada iniciativa de la fracción del Partido Nueva Alianza en el Congreso del Estado, en lo sucesivo estará prohibido que los gobernantes impongan su nombre en obras o en placas de “inauguración”, emblemas o colores de partidos.
Acabar con la vieja práctica de “posicionarse políticamente” con recursos del pueblo, fue iniciativa de los legisladores Martín Ramos Salinas y Rogelio Arellano Banda, quienes la presentaron este miércoles.
Desde tribuna, Arellano dijo que “es tiempo de poner candados a los representantes populares” que se hacen propaganda en la construcción de obras o prestación de servicios.
Para ello pidió adiciones a la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas, con el propósito de prohibir que las inversiones públicas sean “personalizadas” por gobernantes y políticos en general.
“Si alguien tiene méritos es el pueblo, debemos prohibir la propaganda pagada por los tamaulipecos”, refrendó en su proyecto enviado a Comisiones para su estudio y elaboración de dictamen.
Además, la idea es eliminar en placas y grabados todo tipo de colores partidistas, slogans y emblemas. Que únicamente se apunte que las obras fueron realizadas “por el gobierno (estatal o municipal) con el esfuerzo del pueblo y se entrega para su beneficio”.
Otra iniciativa fue de la represente del Movimiento Ciudadano, Guadalupe Biasi Serrano, al solicitar adiciones a la Ley de Educación para incluir que en los programas oficiales de educación básica se incluya la enseñanza de primeros auxilios, simulacros y prevención de accidentes.
Por su parte Nancy Delgado Nolasco, del PRI, dio lectura a su proyecto de adicionar la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, para ampliar las funciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del propio Poder Legislativo.
Pretende que dicho órgano auxiliar de los diputados se haga cargo del análisis de las Leyes de Ingresos de los ayuntamientos, y la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado que año con año se envían al legislativo.
En dictámenes, los diputados autorizaron al Poder Ejecutivo donar al gobierno federal, con destino a la Secretaría de Marina, un predio de 17 hectáreas ubicado en Matamoros donde serán construidas instalaciones castrenses.
Declararon improcedente iniciativa del diputado Alfonso de León Perales, del Movimiento Ciudadano en la pasada legislatura, en que pedía reformas a la Constitución del Estado para “reforzar” el derecho de estabilidad de empleo a los trabajadores de la educación.
Sin efecto también quedó el agregado a la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad, para obligar a que las instalaciones deportivas cuenten con rampas y equipamiento para los discapacitados. El razonamiento es que ya está incluido en la legislación.
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