Por Agencias
Colombia.- Esta semana se debate la viabilidad jurídica de imponer la cadena perpetua para violadores de niños, luego de que dos menores fueron abusadas y asesinadas en los últimos días, en hechos que desataron la indignación en el país.
El presidente Iván Duque fue uno de los primeros políticos en ese país en proponer e invitar a «abrir el debate para que exista la cadena perpetua para violadores, asesinos y secuestradores de menores».
En Colombia no se pude «seguir viendo más atropellos en contra de la infancia», por lo que se necesita la «legalidad para sancionar ejemplarmente a los que han cometido esos crímenes deleznables» comentó el presidente colombiano.
Este tema cobró mayor importancia luego de que en solo dos semanas fueran destapados dos casos de menores violadas y asesinadas en distintos puntos del país.
Los dos casos recordaron el horror que sacudió a Colombia el 4 de diciembre de 2016 por el brutal abuso y homicidio de la niña indígena Yuliana Andrea Samboní.
La menor fue raptada en una barriada pobre y conducida por el autor del hecho, el arquitecto Rafael Uribe, a su apartamento en un barrio acomodado de Bogotá.
Sin embargo, la pena inicial era de 51 años y 10 meses, por lo que la decisión del juez fue apelada por la Fiscalía y la familia de Samboní, quienes se declararon indignados.
Según el Instituto de Medicina Legal de Colombia, el cuerpo de Yuliana fue lavado con aceite de cocina al parecer para borrar rastros de sangre y otros fluidos, mientras partes de su ropa fueron halladas en el sanitario del lugar.
Visiblemente afectada la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, se refirió hoy a la posibilidad de la implementación de la cadena perpetua.
“La prisión perpetua es un clamor de la sociedad», manifestó Ramírez, quien en 2007 apoyó a la concejal Gilma Jiménez, ya fallecida, en la promoción de un proyecto para que los abusadores y homicidas de menores tengan penas más severas.
Sin embargo, la vicepresidenta indicó que desde ese momento la sociedad «no ha puesto correctivos».
Cifras de la fundación Save The Children indican que cada hora son abusados dos niños en el país, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha informado que tiene bajo su custodia 23.574 casos de violencia sexual contra menores.
Para tratar de ponerle punto final a esta problemática que pareciera va en aumento, el representante a la Cámara Efraín Torres ha radicado en tres ocasiones un proyecto de ley para modificar el artículo 34 de la Constitución de Colombia en la que figura que «se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación».
“Nos han llamado populistas por emprender esta iniciativa, pero cómo no luchar por esto cuando ve uno casos tan aberrantes. Por eso vamos a insistir en el endurecimiento de las penas, en específico con la cadena perpetua», puntualizó.
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