Por Redacción
Ciudad de México.- El senador Ismael García Cabeza de Vaca presentó una iniciativa de reformas legales, para establecer la obligación de los prestadores de servicios de seguridad privada de aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos y de control de confianza al personal operativo en las instituciones autorizadas.
Lo anterior, con el fin de que se les realicen todas las evaluaciones que contempla el modelo nacional de evaluación de control de confianza para la seguridad pública y homologar los criterios de esta certificación.
Al presentar su propuesta ante el pleno, a nombre propio y de la senadora Kenia López Rabadán, el senador por Tamaulipas explicó que se propone también que para obtener su registro las empresas de seguridad privada que prestan sus servicios en dos o más entidades deberán contar con la certificación de control de confianza avalada por el Centro Nacional de Acreditación y Certificación.
Asimismo, se establece el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para que todas las empresas cuenten con el personal certificado y acreditado en control de confianza, en caso contrario se harán acreedores a la revocación de su autorización.
El combate a la delincuencia requiere adecuaciones constantes al marco normativo, a fin de ir un paso más adelante y cerrarle los espacios para impedir que puedan operar al margen de la ley, por ello, dijo, es necesario contar con mejores medidas de control y regulación para las empresas de seguridad privada que operan.
“Es indispensable contar con mejores medidas de control y regulación para las empresas que prestan los servicios de seguridad privada, desde una perspectiva de dos ejes: capacitación general de su personal y certificación en control de confianza emitida por las instancias públicas o privadas que a su vez se encuentren avaladas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación”, indicó en la tribuna parlamentaria.
Lo anterior, abundó, como uno de los muchos pasos que se tienen que dar para evitar que estos servicios sean refugio para policías con antecedentes penales, adicciones o sanciones, personal no capacitado que porta armas de fuego, e incluso de quienes se aprovechan de la figura de guardias de seguridad para delinquir.
Señaló que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó desde 2012 la existencia de 2 mil 992 empresas de seguridad privada autorizadas; 960, con autorización federal; y 2 mil 32, con autorización local.
De acuerdo con los datos del Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Gobernación, tan sólo en el último año se expidieron 97 autorizaciones más a empresas privadas, por lo que las autorizaciones federales se incrementaron, en sólo cinco años, más de 23 por ciento, al pasar de 960 empresas en 2012, a mil 256 en 2017, abundó.
La iniciativa, que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.
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