Por Agencias
Ciudad de México.- Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Edgar Torres Garrido, ex director general de Pemex Fertilizantes, son los dos ex funcionarios cuya inhabilitación fue anunciada hoy por la Secretaría de la Función Pública (SFP), confirmaron fuentes cercanas al tema.
Las personas consultadas por este diario indicaron que Lozoya es el ex funcionario que fue inhabilitado como servidor público por 10 años.
En un boletín lanzado en la tarde, la SFP indicó que dicha sanción es resultado de “un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial. En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”.
La misma fuente confirmó a La Jornada que el segundo ex servidor público al que se refiere el comunicado de la SFP es Edgar Torres Garrido, ex director general de Pemex Fertilizantes, quien fue inhabilitado por 15 años.
Pemex Fertilizantes, según investigaciones periodísticas, pagó 635 millones de dólares para adquirir Fertinal, una empresa que cuyo capital social no excedía los 185 millones de dólares y una deuda bancaria de 264 millones de dólares.
“Después de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario”, señaló la SFP en el citado boletín, sin mencionar a Torres por su nombre.
La SFP indicó que desde el inicio de la actual administración, se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales.
Además, se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos. (Fernando Camacho Servín/La Jornada).
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