Por Agencias
Ciudad de México.- Un juez federal rechazó el amparo que promovió Rosario Robles Berlanga, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), luego que diputados federales iniciaran un juicio político para deslindar su responsabilidad administrativa en el desvío de más de 5 mil millones de pesos.
La determinación estuvo a cargo de Jonathan Bass Herrera, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien este martes declaró improcedente el amparo indirecto 1855/2019.
“Se desecha demanda de amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: parte tipo de notificación quejosa personalmente”, dio a conocer una notificación publicada en el portal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El pasado 20 de diciembre, la defensa legal de Robles Berlanga, encabezada por los abogados Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta Valdés, buscó protección constitucional en contra de la “discusión, aprobación y trámite legislativo de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores públicos” que intentará llevar a cabo la Cámara de Diputados.
El pasado 3 de diciembre, la Sección Instructora de la cámara baja, encabezada por el legislador Pablo Gómez, notificó a la defensa de la extitular de la Sedesol y la Sedatu, la instrucción de inicio del juicio político en su contra por el desvío de recursos que se suscitó durante su administración al frente de ambas dependencias federales.
Dicho procedimiento fue invcoado por resolución de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Justicia tomada el pasado 28 de noviembre.
Asimismo, a partir de mañana se abre un periodo de 30 días naturales para la presentación de pruebas y para que la Sección Instructora realice su indagatoria y, en un comunicado, se informó que a Robles se le recordó que tiene derecho de acreditar un abogado para su debida defensa.
Posteriormente, habrá un periodo de 60 y 75 días en que “la sección instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus conclusiones hasta entregarlas a los secretarios de la Cámara dentro del plazo de sesenta días naturales, contado desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo”.
Dicho periodo coincidirá con el juicio por su vinculación a proceso, por el mismo delito, y que la mantiene tras las rejas en el penal de Santa Martha Acatitla, desde el pasado 13 de agosto, en espera de que la Fiscalía General de la República (FGR) y su defensa legal desahoguen la investigación complementaria.
Tras realizarse la segunda audiencia incidental, el pasado 13 de diciembre, se otorgó un plazo de dos meses más, que concluirá el próximo 13 de febrero, para que la parte acusadora y su defensa presenten las pruebas que permitan sentar o desechar el proceso en su contra por el delito de “ejercicio indebido del servicio público”. (José Raúl Linares/Apro).
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