Por Agencias
Ciudad de México.- En el Día de la Abogacía y con un mitin de protesta, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió este viernes que de aprobarse la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) en los términos que planteó el Ejecutivo federal responderán con impugnaciones en tribunales nacionales e internacionales.
Afuera del Palacio de Justicia de San Lázaro, entre decenas de trabajadores del PJF, magistrados, jueces e integrantes de asociaciones civiles como la Marea Rosa, la directora nacional de Jufed, la juez Juana Fuentes Velázquez convocó a la unidad de todas las barras, colegios y asociaciones de abogados del país a evitar que sea aprobada con prisas la actual propuesta de reforma, pues advirtió que “pone en riesgo la democracia y puede poner de rodillas a la República”.
Por ello, exigieron ser escuchados por el Congreso de la Unión y que haya cambios en la iniciativa, y se comprometió a que si se logran las modificaciones “los más de 50 mil mujeres y hombres que conformamos la judicatura federal, apoyaremos con entusiasmo las mejores propuestas de enmienda a la Constitución y a las leyes que se ventilen en la asamblea”.
“Si se decidiera no oírnos y, peor, oírnos para no ser escuchados ni nosotros ni aquellos que también deben ser tenidos en cuenta, y así se aprobase la reforma, las mujeres y los hombres que trabajamos en los tribunales y juzgados del país habremos de considerar las vías de acción que se requieran para enmendar el despropósito”, dijo.
Otro de los oradores, el magistrado Mauricio Barajas Villa, aseguró que entre su gremio, “por la vía en la que estamos plenamente capacitados y equipados, la vía jurídica, se están trabajando dos líneas de defensa”, una de ellas internacional y la otra para frenar que Morena logre mayoría calificada en el Congreso.
“La primera, para acudir a los órganos internacionales de protección de derechos fundamentales e impugnar en su momento la hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la unión como es el judiciario”, dijo.
Aclaró que el propósito es “contener, revertir y reconducir por causas racionales una reforma a la cual no nos oponemos si de ella resulta una mejor justicia para México, pero que como hoy está diseñada, amenaza con socavar los fundamentos del estado constitucional y democrático de derecho”.
“En otra acción, la segunda, también jurídica, se delinean ya las estrategias para enfrentar la asignación de diputados por representación proporcional con la pretensión de que la fuerza política dominante alcance lo que dice que ya alcanzó, pero que en los hechos no alcanzó, las dos terceras partes de la Cámara Baja”, expuso.
El magistrado Marco Polo Rosas Baqueiro fue más radical, al llamar al “no a la reforma al Poder Judicial”, y ni siquiera negociar con el Congreso ya que, afirmó, sin los más de mil 700 jueces y magistrados se se paralizaría el sistema judicial.
“Qué haría yo, qué haría Marco Polo Rosas Baqueiro si la Cámara de Diputados y Senadores un día dice la reforma pasa, ese día presento mi renuncia, ¿y saben por qué? Porque yo no estoy aquí, yo no estoy en este lugar para ganarme la vida, sino vivo la vida de la justicia para ganarme un lugar.
“En ese sentido, quiero de alguna manera empatizar con todos los compañeros del Poder Judicial, no negociemos, sería magnífico que el día que pase la reforma nos fuéramos todos. ¿Qué harían sin jueces? ¿Qué harían sin secretarios? ¿Qué harían sin personal judicial? ¿Quién le haría a esos políticos las sentencias? ¿Sí? ¿Quién le haría? Porque no saben, porque no saben, ¿sí? Entonces, con ese cambio, con ese cambio, lograríamos demostrar nuestra verdadera postura, entonces mi discurso va dirigido hacia nuestra dignidad. Hemos entregado la vida en este lugar, nuestra juventud, nuestros mejores años, nuestros mejores talentos, porque realmente creemos en esta nación. Y Dios que está escuchando, sabe que ganaremos, que ganaremos, pero unidos, unidos, no se vale gente separada, no se vale gente que busque intereses propios, sino que como Poder Judicial unido, haremos la diferencia. Y como fui el último y no me quiero extender, muchísimas gracias, Dios los bendiga”, concluyó.
A nombre de todos los juzgadores federales de México, la jueza Juana Fuentes expresó siete puntos como postura oficial.
Primero. Rechazó las “calumnias” contra los trabajadores del PJF, señalando que “es falso” que los más de mil 700 jueces y magistrados, y sus equipos, sean corruptos; que liberen a delincuentes, que sirvan a las élites del país y le den la espalda al pueblo.
Lo segundo, que la independencia judicial es el grado con el que juezas y jueces deciden de acuerdo con su propia certeza sobre los hechos y con su propia convicción acerca del derecho.
Tercero. Que la reforma judicial pretende truncar lo que está en el corazón mismo de la función de las personas juzgadoras, pues sujetar su elección a los designios de la política implica someterlos desde antes de ejercer su cargo.
“Cuarto. Es absurdo afirmar que una o varias sentencias nuestras sean la causa de las inmensas desigualdades económicas, sociales y culturales que vive nuestro país… Quinto. Nuestro modelo de judicatura federal es moderno y profesional y, desde luego, también perfectible… Sexto. Hay transparencia total en la judicatura: presupuesto, sueldos, sesiones, criterios, sentencias, acuerdos: todo absolutamente todo, es de pública consulta”, leyó.
El séptimo punto, señaló, desde que desde se anunciaron los Diálogos Nacionales, el Poder Judicial Federal hizo pública su intención de participar. (Iván Evir Saldaña/La Jornada).
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