Por José Gregorio Aguilar
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desde el pasado mes de junio, la Contraloría del Estado dio inicio formalmente a una auditoría a los capítulos del gasto público, adquisiciones, servicios y arrendamientos del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), cuya titular Brenda Denisse de la Cruz López fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por nepotismo y malos manejos financieros
La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, precisó que la auditoria al ITCA inició luego de que la Contraloría estatal empezó a recibir quejas y denuncias en las oficinas de la dependencia, a través de buzones u otros medios que se han habilitado precisamente para que la población en general esté en condiciones de dar a conocer lo que a su juicio se esté haciendo mal por parte de los servidores públicos.
También aclaró que, de acuerdo con el procedimiento que se sigue en la auditoría, si se identifican irregularidades e inconsistencias, quienes están al frente del ITCA dispondrán de un periodo para aclarar o solventar las faltas señaladas.
Aparte de estas revisiones, también se documentan otras que involucra el actuar de los servidores públicos en ese organismo dependiente de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien), pero en función del debido proceso se tienen que cuidar las normas y formas para preservar esa información.
“Como órgano encargado de la prevención del gasto en la administración estatal, la Contraloría del Estado da pasó a un periodo de planificación y ejecución del proceso de auditoría, que si bien podría llegar hasta septiembre para conocer el resultado, lo que se pretende es que se respalde la investigación”.
Estimó que la auditoría al ITCA podría llevarse cuatro meses, y cuyo resultado lo determinan las acciones a seguir ante la instancia que corresponda, según la gravedad de la falta.
La contralora advirtió que en caso de incumplimiento, la dependencia presentará las irregularidades a la Dirección de Investigación y Anticorrupción e incluso iniciaría un procedimiento administrativo.
“Queda en ese terreno seguir profundizando en la realización de pruebas por una falta administrativa y en base a ello calificar: si es grave turnarla al Tribunal de Justicia Administrativa o si implica un delito, hacerlo del conocimiento a la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción”, advirtió la funcionaria.







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