Por Agencias
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Entre los 20 detenidos durante el operativo realizado el domingo por fuerzas federales y estatales en la comunidad Lacanjá Chansayab y otras localidades vecinas en la selva Lacandona, se encuentra un subdirector de la Policía Estatal Preventiva que estaba “coludido con el crimen organizado”, además de cinco agentes, afirmaron la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General de Estado (FGE).
El titular de la SSP, Oscar Aparicio Avendaño, dijo que incluso el imputado “estaba pasando información a los grupos delictivos y filtró horas antes información de la operación”, por lo que el cabecilla del grupo de presuntos delincuentes, Segundo Cabrero López escapó.
“Nos duele esta situación porque es una persona a la que se le dio la confianza y contaba con más de 15 años de servicio en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (su nombre anterior), pero hoy está detenida”.
El titular de la FGE, Jorge Luis Llaven Abarca señaló al respecto que esa dependencia emitió la ficha correspondiente para ofrecer una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcione información que contribuya a su detención, lo que constituye el primer acuerdo “que firmamos” de ese tipo.
“Esa persona, alias El Cabra, es la principal generadora de violencia en la región, encabeza un grupo criminal que mantiene asolada toda la zona de Bonampak”, aseveró en conferencia conjunta realiza esta noche en Palenque.
Aparicio Avendaño dio a conocer que desde el 8 de diciembre pasado en que comenzó la actual administración estatal, las fuerzas de seguridad han detenido a mil 930 delincuentes, mil 700 migrantes rescatados, y 226 armas de fuego y 433 vehículos con reporte de robo asegurados.
Añadió que en ese período han sido asegurados también mil 231 vehículos en diversos hechos ilícitos y 115 cámaras de video de vigilancia”.
Llaven Abarca también dijo que este lunes “se dio el banderazo de inicio de actividades de todas las cooperativas de transporte público de Comitán a Motozintla. Tenía dos años de que no podían trabajar (en la frontera y la sierra) porque eran extorsionados, privados de la libertad, ejecutados o les robaban las unidades”. (Elio Henríquez/La Jornada).
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