Por Agencias
Guadalajara, Jalisco.- La Fiscalía de Jalisco sumó a las acusaciones de apología del delito contra la agrupación musical Alegres del Barranco el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y obtuvo autorización judicial para el aseguramiento de 5 millones 878 mil pesos, cantidad que representa las ganancias ilícitas que se presume obtuvieron durante cuatro conciertos realizados en Jalisco.
Se trata de una nueva línea de investigación respecto al eventual lavado de dinero a través de esos conciertos, luego que la agrupación de músicos sinaloenses interpretaron canciones en las que se proyectaron imágenes presuntamente del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho).
“La ganancia que obtuvieron del primer evento que llevaron en el municipio de Zapopan (en el auditorio Telmex de la Universidad de Guadalajara) ha sido asegurada y ha sido inmovilizada. En este momento se está haciendo la investigación en relación a si este dinero fue obtenido en forma ilícita por las actividades de apología que están llevando a cabo”, dijo el vicefiscal ejecutivo de investigación criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán.
De acuerdo con la nueva carpeta de investigación abierta y con los datos de prueba que se recabaron, se obtuvo una autorización judicial para el aseguramiento de los señalados 5 millones 878 mil 180 pesos, que representan las ganancias que se presumen ilícitas y son motivo de los hechos denunciados.
Luego del aseguramiento, se informó a la Dirección de Extinción de Dominio para que, de acuerdo con sus atribuciones y facultades, sustancie los procedimientos y ejercite las acciones correspondientes.
En estas investigaciones, ya han acudido a declarar ante el Ministerio Público los integrantes de la agrupación musical señalada, quienes fueron vinculados a proceso con anterioridad por apología del delito, junto con un promotor y un representante.
En total, se contabilizan cuatro presentaciones en distintos municipios donde pudo haberse repetido la interpretación investigada.
Gutiérrez Santillán precisó que en caso de que sea comprobado el origen ilícito del dinero, tal cantidad pasaría a manos del Estado y los involucrados enfrentarían un juicio con penas que van de 5 a 15 años de prisión. (Juan Carlos G. Partida/La Jornada).
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