Por Redacción
Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el firme compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Pleno Legislativo aprobó por unanimidad el dictamen mediante el cual se reforman los artículos 3, inciso a), y 9, párrafo 2, de la Ley para el Desarrollo Familiar del Estado.
La acción legislativa, promovida por el diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, busca fortalecer el marco jurídico local en materia de derechos humanos y equidad.
En su exposición de motivos, Ojeda Castillo destacó que la reforma tiene como finalidad armonizar la legislación estatal con las disposiciones federales e internacionales, que prohíben el matrimonio infantil, además de adoptar un lenguaje más inclusivo y neutro al sustituir los términos «hombre» y «mujer» por «personas contrayentes».
Durante la presentación del dictamen, el diputado Ojeda enfatizó que esta reforma responde al deber legislativo de garantizar un entorno jurídico que salvaguarde los derechos fundamentales de la infancia y adolescencia y al mismo tiempo, atiende compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Señaló que mantener los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, no solo se justifica por razones jurídicas y normativas, sino también científicas, al considerar estudios que indican que el cerebro humano, y particularmente el lóbulo prefrontal relacionado con la toma de decisiones, no alcanza su madurez completa sino hasta los 25 años.
«Con esta reforma dejamos inscrito en nuestra norma el compromiso irrenunciable de que toda persona debe alcanzar la mayoría de edad antes de asumir cualquier vínculo matrimonial, cerrando así cualquier resquicio que pudiera permitir uniones precoces o forzadas», resaltó el legislador, de acuerdo con la versión oficial del Congreso del Estado.
Asimismo, argumentó que la terminología neutra en la redacción del marco legal contribuye a la construcción de una sociedad más igualitaria e incluyente, y evita ambigüedades jurídicas.
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