Por José Gregorio Aguilar/Redacción
Cd.- Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Especial del Congreso del Estado, integrada para el análisis y seguimiento de las denuncias presentadas por presuntos hechos de corrupción en la Secretaría de Salud, determinó ordenar a la Auditoría Superior del Estado la reapertura de las cuentas públicas del gobierno estatal correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, luego que ésta informó no haber encontrado en ellas las observaciones sobre pagos irregulares a empresas de los hermanos Carmona Angulo, motivo de la querella.
En el seguimiento a los acuerdos establecidos previamente, los diputados locales miembros de la Comisión, centraron los trabajos en el análisis de la respuesta emitida por la Auditoría Superior del Estado (ASE), respecto a las denuncias interpuestas por posibles irregularidades durante los referidos ejercicios fiscales del pasado sexenio.
El diputado Elifa Gómez informó que, en cumplimiento al acuerdo del pasado 2 de septiembre, se solicitó al titular de la ASE, Francisco Antonio Noriega Orozco, que informara si la Auditoría Superior del Estado conoció de las 14 denuncias penales por presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Salud y si existen observaciones, hallazgos o procedimientos en curso relacionados con las cuentas públicas vinculadas a dichas denuncias, así como su estatus actual.
El presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, Francisco Adrián Cruz Martínez confirmó que existe presión legislativa para reabrir cuentas públicas de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, especialmente aquellas vinculadas al gasto federalizado en la Secretaría de Salud y pagos a despachos jurídicos que lo defendieron.
Aunque reconoció que la ventanilla competente es ahora la Auditoría Superior de la Federación, por tratarse de recursos federales, el legislador aseguró que sí existen observaciones graves en los expedientes enviados por la Auditoría Superior del Estado. “Determinamos en sentido negativo que había inconsistencias con la Ley de Disciplina Financiera y otras reglamentaciones”, señaló.
Respecto al exhorto emitido por la Diputación Permanente para revisar los pagos a dos bufetes de abogados entre 2016 y 2021, el diputado admitió que aún no se ha recibido respuesta formal por parte de la auditoría estatal. Sin embargo, insistió en que todo gasto público debe ejercerse con responsabilidad, y que cualquier anomalía debe ser investigada.
Sobre el presunto quebranto al erario, que algunos estiman en hasta 10 mil millones de pesos, el legislador fue cauteloso: “Son datos en revisión. A medida que se analicen las observaciones y se determine qué fue comprobado y qué no, se podrá tener una cifra más precisa”.
También destacó que la Fiscalía Anticorrupción ya ha derivado algunas vinculaciones a proceso y órdenes de aprehensión, resultado de investigaciones previas. Pero subrayó que el Congreso tiene un compromiso con la sociedad tamaulipeca para seguir fiscalizando y exigir rendición de cuentas.
“Esperamos que sí nos alcance el tiempo en esta legislatura para ver resultados, porque es un reclamo legítimo. Son recursos públicos que pertenecen a la gente, y si no se ejercieron de manera honesta, clara y transparente, entonces ahí está la exigencia”, concluyó.
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