Por Agencias
La Cámara de Diputados aprobó anoche la ley general contra la extorsión, que prevé un tipo penal básico para sancionar el delito con prisión de 6 a 15 años, que aumentará según un listado de 34 agravantes, pero en cuatro estados donde la sanción es mayor podría permitir la libertad inmediata de al menos 600 sentenciados por ese delito, según calcularon PT y PRI.
La ley, así como las reformas al Código Penal Federal para que la extorsión amerite prisión preventiva oficiosa y se persiga de oficio, se votó por unanimidad en lo general, pero más tarde una reserva de Morena, PT, PVEM y MC para atenuar las sanciones contra policías, agentes del Ministerio Público y directivos de penales que omitan denunciar el delito dividió los votos.
Así, en lo particular, se aprobó con 339 votos en favor, 100 en contra –uno de la morenista Rocío Barrera Puc y nueve petistas– y cuatro abstenciones de PT y Morena, y se enviará al Senado para su revisión.
En la iniciativa presidencial, así como en el dictamen, se proponía una pena de 10 a 20 años de prisión a policías, agentes del Ministerio Público, jueces y directivos de penales cómplices, pero con la reserva aprobada se redujo de 5 a 12 años.
Morena argumentó que se trata de un principio de proporcionalidad. “La gravedad de la omisión no es igual a la comisión del delito”, argumentó en tribuna el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal.
Insistió que “no se le puede aplicar una pena mayor al funcionario que omite frente al extorsionador. Es una razón lógica, proporcional”.
En contraste, y en una postura a la que se sumó el PT, el coordinador del PAN, Elías Lixa, planteó una solución inversa; esto es, incrementar el tipo penal básico de 10 a 20 años, para homologarla con el de omisión. Ante el rechazo, el panista deslizó que se estaría ante una ley Bermúdez, en referencia al ex secretario de Seguridad de Tabasco, bajo proceso precisamente por extorsión y secuestro.
A partir de la insistencia de PAN y PT de aumentar el tipo penal básico para evitar la liberación de cientos de extorsionadores en las entidades, Monreal refirió que se dio un debate interno y con el PT, en el que se analizó ese efecto de la ley.
“Sí es un tema que me surge en cuatro estados; en efecto, en Chihuahua la pena es de hasta 30 años y si uno está purgando una condena y lleva 20, esta ley sí puede generar un conflicto de retroactividad. Ya lo estudiamos y lo debatimos”, expuso.
A su vez, el petista Ricardo Mejía Berdeja planteó abrir la reserva de su bancada para aumentar el tipo penal básico, pero precisó que la omisión de la denuncia por parte de un funcionario público es un tipo penal distinto al de la extorsión.
“Es un delito vinculado”, dijo. Añadió que si la extorsión la comete un funcionario, se le aplicará la agravante específica, que aumentará la pena a 25 años de cárcel, además de carecer de beneficios de libertad anticipada, conmutación de la pena o prisión domiciliaria.
Al arranque de un debate que se prolongó por 10 horas y media, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno Rivera explicó que, al contar con una ley general y definir un solo tipo penal, se contará “con una fuerza única de persecución para que el Estado actúe como un frente unido”.
Investigación de oficio
Detalló que la investigación se comenzará de oficio, se recibirán denuncias anónimas al número 089, se impondrá el bloqueo de teléfonos en prisiones y entre las agravantes están el “cobro de piso” o los “montachoques”.
Asimismo, se prevé que los bienes decomisados a los extorsionadores financiarán la reparación integral del daño, pero se acotó que la extinción de dominio no procederá en los activos que ya hayan sido transferidos al gobierno federal o los estados. (Enrique Méndez y Fernando Camacho / La Jornada)
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