Por José Gregorio Aguilar/Redacción
Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar de haber presentado tres quejas formales por incumplimiento de solicitudes de información, dos contra el gobierno municipal de Victoria y una contra la Secretaría de Salud, Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas no ha admitido ninguna. Los expedientes permanecen estancados, sin fecha de admisión, sin resolución, sin notificación. El órgano garante, lejos de proteger el derecho ciudadano a saber, lo bloquea por omisión.
“Efectivamente Transparencia tiene que ser la que vigile y en teoría tendría que adoptar un rol protector del ciudadano, el hecho de que no te contesten están violentando tu derecho a la información de forma institucional y el hecho de que no adopten mecanismos pronto frente a estos cambios pues están afectando a la ciudadanía y tampoco están cumpliendo con sus obligaciones de proteger a los ciudadanos frente a Derechos Humanos, como es el derecho a saber; o sea están incumpliendo y están trasgrediendo tu derecho a la información”, confirmó Sarahi Salvatierra representante de la organización civil Fundar.
Las quejas presentadas incluyen temas sensibles: sueldos del personal municipal, ingresos por regularización de autos chocolate, y la falta de respuesta de la Secretaría de Salud. Todas fueron registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia entre el 21 y 22 de octubre. Ninguna ha sido procesada. Ninguna ha sido admitida. Ninguna ha sido respondida.
De acuerdo con el Artículo 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el órgano garante debe admitir o desechar las quejas en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
El incumplimiento de este plazo vulnera directamente el derecho de acceso a la información. Además, el Artículo 270 de la misma ley establece que la omisión de funciones por parte de los servidores públicos constituye una falta administrativa sancionable.
El nuevo organismo, que sustituyó al ITAIT no ha mostrado voluntad ni capacidad para cumplir su función.
La ciudadanía no solo enfrenta gobiernos que ocultan información: también enfrenta órganos garantes que no garantizan nada. Documentar estas fallas se vuelve urgente, no solo como denuncia, sino como mecanismo de exigibilidad. Porque si las instituciones no responden, la memoria pública debe construirse desde la sociedad civil.
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