La ola de juego en línea que se extendió por América Latina durante la pandemia puso de manifiesto una grave vulnerabilidad del sistema financiero. Las autoridades mexicanas registran un crecimiento sostenido de operaciones sospechosas a través de plataformas de juego, y la cantidad de avisos dirigidos a la inteligencia financiera bate récords. El sector, que hasta hace poco se consideraba de riesgo moderado, pasó rápidamente a la categoría de mayor amenaza.
El bloqueo de 13 casinos se convirtió en un punto de inflexión
La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Inteligencia Financiera, UIF) ordenó el bloqueo de 13 casinos en varios estados del país. Las sospechas están relacionadas con operaciones en las que se utilizaron efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales. Precisamente este bloqueo sirvió como motivo oficial para revisar el nivel de riesgo de toda la industria y elevarlo a la categoría de alto riesgo.
La especialista fiscal Virginia Ríos señaló que los operadores bloqueados deberán aportar pruebas de su no participación en el lavado, para que se retiren las acusaciones.
Por qué la amenaza va en aumento
La relación causa‑efecto es bastante clara. Durante la pandemia, los casinos digitales y, en especial, las apuestas deportivas ganaron popularidad de forma abrupta, ya que los casinos presenciales operaban con restricciones. Los pagos electrónicos y el acceso remoto hicieron más sencillas las operaciones transfronterizas, y más difícil el control sobre el origen de los fondos. El efectivo, que es más fácil de rastrear en una sala física, dio paso a transacciones digitales, dispersas en múltiples plataformas y jurisdicciones.
Marco regulatorio para la industria del juego
Los casinos en México están incluidos en las llamadas «actividades vulnerables» y están obligados a cumplir los requisitos de la ley contra el lavado (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, LFPIORPI), vigente desde 2013. Los operadores deben identificar a los clientes y enviar avisos sobre apuestas sospechosas a la UIF a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
No todos los usuarios comunes tienen claro el mecanismo de actuación de los casinos en línea en una situación en la que la administración sospecha un posible lavado de dinero. Para aclararlo, recurrimos a los autores de un sitio con un ranking de top 10 casinos que operan en México. Precisaron que, primero, el casino en línea realiza una investigación interna con una verificación adicional del cliente. Si se confirman las sospechas, la información puede ser remitida a las autoridades financieras o al regulador de conformidad con la legislación de México. Los jugadores deben entender que, durante la investigación interna, la cuenta sospechosa se bloquea obligatoriamente. Todas las medidas mencionadas se implementan en el marco del esquema de prevención de delitos financieros.
En el país operan 38 operadores con licencia, que obtuvieron permisos de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob). La mayoría combina salas presenciales con plataformas digitales, y su presencia es especialmente notable en la región del Bajío y en el norte del país.
De la zona amarilla a la roja
Según la última evaluación de riesgos, preparada por la Secretaría de Hacienda (SHCP), los sectores más preocupantes en la «zona roja» siguen siendo:
- obras de arte, metales y piedras preciosas, joyería y relojes;
- medios de transporte aéreos, marítimos y terrestres, así como servicios de reserva.
El sector de juegos y apuestas hasta hace poco se encontraba en la «zona amarilla» con un nivel de riesgo medio-bajo. Sin embargo, tras una serie de bloqueos y señales de alerta de la UIF, el estatus de la industria fue revisado, y ahora se clasifica como de alto riesgo.
Avalancha de avisos en cifras
La dinámica de los reportes de los casinos dirigidos a la inteligencia financiera muestra claramente la magnitud de lo que ocurre:
- – al inicio de la vigencia de la LFPIORPI, los operadores enviaron apenas 77 avisos; un año después fueron 133;
- – en 2023 se registraron 283 946 avisos;
- – en 2024 el volumen creció hasta 405 427, lo que representó un aumento del 42,2 %;
- – de enero–septiembre de 2025 se recibieron 351 236 reportes, frente a 306 592 en el mismo periodo del año anterior.
Todos los avisos se canalizan a través del SAT, y su crecimiento refleja tanto un mayor control como un aumento real de las operaciones sospechosas. Según Virginia Ríos, precisamente la ampliación de la oferta en plataformas electrónicas se convirtió en el principal motor de estas estadísticas.
El sistema de umbrales funciona con base en la unidad de medida UMA (Unidad de Medida y Actualización):
- superar las 325 UMA obliga al operador a presentar un informe mensual con la identificación del cliente;
- superar las 645 UMA requiere un aviso estándar de prevención de lavado de dinero;
- en caso de necesidad urgente, se prevé un aviso urgente «dentro de las 24 horas».
Una industria sin fronteras busca reglas comunes
La situación mexicana se enmarca en una tendencia global. En la novena Cumbre Iberoamericana del Juego en Lima, los participantes constataron que el juego en línea opera con una lógica no ligada a un territorio específico, y que las apuestas deportivas siguen siendo el segmento más extendido y más vulnerable. Se escuchan insistentes llamamientos a una regulación más estricta y coordinada entre países. Cabe destacar que, ya hace 17 años, el Grupo de Acción Financiera (GAFI/FATF) publicó recomendaciones para detectar el lavado en casinos; sin embargo, muchas jurisdicciones aún no las han incorporado plenamente.
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