Por Agencias
Ciudad de México.- Las expresiones emitidas por las diputadas de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Grace Palomares Ramírez, con las que se mofaron de las personas adultas mayores “rebasan los límites de la libertad de expresión para convertirse en discursos de odio y estigmatización”, aseveró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Declaraciones como que ese sector de la población «huele a baúl» y «se está pudriendo”, expresadas por las legisladoras locales en su espacio digital, “no representan simples opiniones desafortunadas, sino una transgresión directa a las garantías legales que el Estado mexicano está obligado a proteger, constituyendo una flagrante violación a los derechos humanos, una manifestación explícita de edadismo y un acto de violencia institucional” el cual vulnera la dignidad de las personas mayores, expuso.
En un pronunciamiento, en el que manifestó su preocupación por estos hechos, la CNDH urgió a someter a dichas representantes, y a la legislatura en general, a procesos profundos de sensibilización en materia de vejez y derechos humanos.
Reiteró igualmente la exigencia al Congreso del estado de Puebla para que fije “un posicionamiento oficial e implemente códigos éticos rigurosos que impidan el uso de discursos discriminatorios por parte de sus integrantes en cualquier plataforma pública o digital”.
UNA DISCULPA NO REPARA EL DAÑO
La CNDH indicó que quienes emitieron estos discursos son representantes populares, cuyo cargo les impone un estándar ético y legal superior, el cual las obliga a ser garantes de derechos, no agentes de su vulneración.
Refirió que como lo ha externado la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, una simple retractación en redes sociales motivada por la presión política no repara el daño moral infligido. “La discriminación arraigada en discursos públicos normaliza la exclusión y el maltrato hacia las personas mayores en la sociedad. Cualquier postura que pretenda validar estas conductas bajo la bandera del humor o el contexto informal resulta inaceptable en un Estado constitucional de derecho”.
Recordó que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece con claridad el derecho a gozar de una vida de calidad, libre de violencia y con respeto irrestricto a la integridad física y moral. (Jessica Xantomila y Jared Laureles/La Jornada).
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