Por Agencias
Ciudad de México.- Como parte del debate para regular la muerte asistida, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para incluir el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida, ante una enfermedad incurable e irreversible, pero con la precisión de que, antes de cualquier procedimiento, el Estado deba garantizar medicamentos, cuidados paliativos, tratamiento del dolor, acompañamiento sicológico y atención integral.
Se trata de asegurar que la muerte asistida no se convierta en consecuencia de la pobreza, el abandono institucional o la falta de atención médica, explicó la diputada, Elena Edith Segura Trejo (Morena), integrante de la Comisión de Justicia.
La iniciativa plantea reformar el artículo 4o de la Constitución para incluir que toda persona tiene el “derecho a una muerte voluntaria asistida bajo las condiciones legales aplicables”.
En la exposición de motivos se señala que el Estado no debe abandonar a las personas, sino protegerlas, pero esto “no significa necesariamente sustituir su voluntad en todas las decisiones relacionadas con su vida privada”.
Recuerdó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y la protección de la esfera íntima tienen un papel fundamental dentro de la dignidad humana y que, en ese sentido, el debate sobre la muerte digna debe orientarse hacia una regulación que permita que una persona, en circunstancias excepcionales, pueda tomar decisiones sobre el final de su vida sin que ello implique eliminar la obligación del Estado de protegerla.
Por ello plantea que, una legislación sobre muerte voluntaria asistida debe formar parte de una política más amplia de protección de derechos al final de la vida e incluir “el derecho a vivir y a morir dignamente, en los supuestos excepcionales que determine la ley”.
Señala que el artículo 1o constitucional reconoce expresamente la dignidad humana como un límite frente a cualquier forma de discriminación y que la interpretación de los derechos humanos debe realizarse favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.
“En este contexto, la discusión sobre el final de la vida debe abordarse desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos, y no exclusivamente desde una perspectiva médica, penal o moral”, añade.
Segura Trejo refirió que el tema de la muerte digna ya forma parte de la agenda legislativa y citó que la iniciativa de la denominada ”ley trasciende”, impulsada por la activista, Samara Martínez, respaldada por más de 128 mil firmas, propone reformar la Ley General de Salud para legalizar y despenalizar la eutanasia.
Además, dijo, en el Congreso hay otras propuestas para prever requisitos específicos para que pacientes en determinadas condiciones físicas puedan acceder a este procedimiento.
Detalló que su iniciativa de reforma al artículo 4o constitucional considera que una persona mayor de edad, con capacidad para decidir y que enfrente una enfermedad incurable e irreversible, pueda manifestar de manera libre, informada, consciente y reiterada su voluntad respecto del proceso final de su vida. (Enrique Méndez/La Jornada).
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