Por Agencias
Ciudad de México.- El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que desde mayo de 2025 inició 13 expedientes de investigación relacionados con las presuntas irregularidades cometidas durante la presidencia de Guadalupe Taddei en el otorgamiento de contratos, que involucran a por lo menos 13 funcionarios y ex funcionarios electorales, ocho personas físicas y 18 personas morales, y recomendó a la Cámara de Diputados aprobar una política nacional de regulación en materia de contratación electoral.
Dicha política, planteó, debe integrar un marco normativo común para el INE y los OPLE, con pleno respeto a su autonomía y atribuciones. En un reporte a las comisiones de Vigilancia y de Transparencia y Anticorrupción, el OIC informó que, como resultado de 6 ejercicios de auditoría y 8 revisiones de control, se han iniciado 24 investigaciones adicionales en materia de contrataciones.
Entre las conductas irregulares que encontró se involucran los procesos de contratación, desde posible simulación de cumplimiento de requisitos, hasta abuso de funciones; deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción o pago de bienes y servicios, que provoquen un daño patrimonial.
Además, posible uso o aplicación irregular de recursos públicos, que podría derivar en desviación de recursos públicos; incumplimiento de funciones o deberes de supervisión, que podrían causar daños y perjuicios a la hacienda pública; probables actuaciones bajo conflicto de interés, abuso de funciones o participación indebida en procedimientos de contratación; presuntas faltas de particulares vinculados con procedimientos de contratación pública; y falta a la veracidad en la información declarada, que podría conllevar a un ocultamiento de conflicto de interés o posible enriquecimiento ilícito.
El OIC confirmó que, sobre posibles conflictos de interés, encontró pruebas en tres de cuatro casos y en el caso restante se encuentra en etapa de investigación.
“Es fundamental señalar que, todas las actuaciones se desahogarán con objetividad, independencia y rigor técnico, con pleno respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la reserva legal de la información relacionada con procedimientos en trámite”, explicó en el documento de cinco páginas, suscrito por el titular de esa oficina, Víctor Hugo Carvente Contreras.
Señaló que “continuará con el desahogo de las investigaciones relacionadas con estas y otras conductas identificadas; dará vista a las autoridades competentes cuando los hechos excedan su ámbito de atribuciones, y colaborará con la Auditoría Superior de la Federación y con las demás instancias competentes, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Detalló que las faltas administrativas graves se turnan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que, en su ámbito de competencia, resuelva e imponga las sanciones correspondientes y precisó que, de enero dem2025 a la fecha, se emitieron 20 sanciones, 19 corresponden a inhabilitaciones de 14 funcionarios y ex funcionarios y cinco particulares, así como una suspensión del empleo, cargo o comisión por 30 días; lo que incluyó 3 sanciones económicas cuyo monto acumulado asciende a 1.6 millones de pesos.
Informó que actualmente sustancia y resuelve procedimientos de sanción a proveedores; un caso emblemático es el de Bell-Krom, S.A. de C.V., empresa contratada para la adquisición y distribución de 25 mil 302 chamarras para las personas supervisoras electorales y capacitadoras-asistentes electorales que participaron en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.
“Debido al incumplimiento en la entrega de los bienes objeto de la contratación, el pasado 2 de octubre el OIC inhabilitó a dicha empresa”, reportó.
Resaltó asimismo que, el pasado 9 de octubre, el OIC notificó al INE 45 cédulas de observaciones preliminares, derivadas de la auditoría A07-ADQ-2026 denominada “Procesos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios”, cuyo objeto fue fiscalizar los procedimientos de contratación realizados del 1 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2026, de las áreas administrativas.
Entre otras áreas, revisó a la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Unidad Técnica de Fiscalización, Unidad Técnica de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, entre otras.
Dijo al respecto: “En conjunto, los hallazgos de estas auditorías advierten presentación de documentación e información falsa o alterada; posibles ocultamientos y actuaciones bajo conflicto de interés; recursos ejercidos sin debida comprobación; posibles actos de colusión y de participación ilícita en procedimientos administrativos; identificación de personas morales que no acreditan capacidad técnica, económica u operativa para prestar los servicios contratados; incumplimientos de obligaciones contractuales, e incumplimientos de obligaciones fiscales y de seguridad social.
Respecto del modelo vigente de contratos, el OIC señaló que si bien tanto el INE como los OPLE adquieren bienes y servicios de naturaleza semejante para la organización de los procesos electorales, las contrataciones se realizan bajo distintos marcos normativos, especificaciones técnicas, procedimientos y condiciones de mercado.
Esto “dificulta comparar costos, y propicia diferencia de precios que no siempre se sustentan con una justificación técnica; lo que, a su vez, limita la identificación oportuna de riesgos en el ejercicio de los recursos públicos”.
Evaluó que, ante esta problemática, resulta indispensable impulsar una política nacional de regulación en materia de contratación electoral, que integre un marco normativo común para el INE y los OPLE, con pleno respeto a su autonomía y atribuciones.
“Esta política deberá sustentarse en especificaciones técnicas homologables, estudios nacionales de mercado, bases de datos históricas, precios de referencia, un catálogo nacional de bienes y mecanismos que permitan identificar y justificar variaciones relevantes”, indicó.
Consideró que, ante ese escenario, resulta indispensable que se generen parámetros objetivos que favorezcan una competencia real entre proveedores y aseguren para el Estado las mejores condiciones disponibles de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Incluso planteó que, de manera paralela y urgente, debe establecerse una estrategia nacional de fiscalización electoral, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que articule al OIC del INE con los órganos de control de los OPLE, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
“Esta coordinación permitirá identificar coincidencias en los Programas Anuales de Fiscalización, unificar metodologías y criterios de auditoría, realizar revisiones coordinadas o comparativas, e identificar problemáticas de alcance nacional, fortaleciendo la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas sobre qué se compra, en qué condiciones y cómo se fiscaliza”, concluyó. (Enrique Méndez y Emir Olivares/La Jornada).
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