Por José Gregorio Aguilar
Cd. Victoria, Tamaulipas.- A unas semanas de concluir 2026 es prácticamente un hecho que no se logró el decreto que permitiría regularizar miles de vehículos de procedencia extranjera que quedaron fuera del programa implementado durante la pasada administración federal, reconoció el coordinador estatal de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA), Benito Villela Sáenz.
Aunque la organización ha mantenido gestiones durante prácticamente todo el año ante las autoridades federales, hasta el momento no existe una respuesta definitiva ni una fecha para la eventual publicación de un nuevo esquema de regularización.
La falta de una resolución mantiene en incertidumbre a miles de propietarios de unidades extranjeras que no alcanzaron a incorporarse al decreto impulsado durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y que continúan esperando una oportunidad para legalizar su patrimonio.
Villela Sáenz admitió que la organización no puede garantizar que las autoridades federales autoricen un nuevo programa, aunque aseguró que continuarán insistiendo para que la petición sea tomada en cuenta.
Explicó que la propuesta busca beneficiar a propietarios de vehículos que ingresaron al país y quedaron excluidos del proceso anterior, permitiéndoles acceder a un mecanismo de regularización a bajo costo.
El dirigente señaló que durante este año se han realizado diversas gestiones con la intención de que el Gobierno Federal emita un nuevo decreto; sin embargo, reconoció que hasta ahora no existe ningún anuncio oficial que permita anticipar una respuesta favorable.
“Todavía no se ha dado un acuerdo definitivo», reiteró.
Agregó que la única señal recibida hasta el momento es la disposición de las autoridades para analizar la viabilidad de extender los beneficios a los vehículos que quedaron fuera del esquema anterior.
Pese a ello, sostuvo que ONAPPAFA mantendrá las gestiones ante la Federación con la expectativa de que en los próximos meses pueda concretarse una medida que ofrezca certeza jurídica a miles de propietarios de vehículos de procedencia extranjera.







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