Por Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En los últimos cinco meses del año en curso, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) logró ante juzgados la aplicación de 3 sentencias condenatorias por el delito de secuestro, con penas que van de 90 a 140 años, lo cual marca un precedente importante para castigar este ilícito en el estado.
La primera sentencia se fincó en marzo pasado y fue dictada en contra de Julio “N”, con una pena de 140 años de prisión y una multa de 13 mil salarios mínimos, lo cual representa la mayor pena alcanzada desde la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatoria y Oral en Tamaulipas.
En ese caso, el Agente del Ministerio Público Especializado en Combate al Secuestro acreditó de manera sólida la imputabilidad del sentenciado, quien privó de su libertad a dos menores para exigir el pago de 50 mil pesos. Fue detenido por agentes antisecuestro en la Unidad Deportiva de Tampico el pasado 4 de julio de 2016 y vinculado a proceso.
La segunda sentencia se logró también en la zona sur del estado en contra de Juan “N” y Sergio “N” con una pena de 90 años para cada uno y una multa de 5 mil días de salario mínimo.
Ellos fueron detenidos, en julio de 2016, en una casa de seguridad ubicada en el municipio de Altamira donde se encontraba secuestrada la víctima, por quien se exigía un pago de 250 mil pesos para su liberación.
Gracias a una denuncia anónima se implementó un operativo por parte de agentes antisecuestros que concluyó en la detención de los secuestradores, la liberación de la víctima y la acreditación robusta del caso ante el juez respectivo.
Por último, la tercera sentencia se logró este 14 de agosto en contra de Ernesto “N”, Bertha “N” y Jonathan “N”, a quienes el juez impuso una sentencia de 90 años de prisión y multa de 5 mil días de salario mínimo, para cada uno.
Ellos fueron capturados en agosto de 2016 por elementos de la Policía Federal División Gendarmería, en coordinación con elementos de la Unidad Antisecuestros de la Zona Sur.
La víctima fue privada de su libertad cuando transitaba por unas calles en Tampico y posteriormente llevada a una casa de seguridad en el municipio de Madero, donde la golpearon para obtener sus datos personales. Los secuestradores exigían el pago de 2 millones de pesos.
Una vez que la familia de la víctima realizó la denuncia del secuestro se inició el protocolo de la Coordinación Estatal Antisecuestros, que consiste en el asesoramiento y manejo de crisis, así como la implementación de un operativo que consistió en trabajo de inteligencia que permitió localizar la casa de seguridad, liberar a la víctima y detener al grupo delictivo.
Con acciones como éstas, el Gobierno del Estado a través de la Procuraduría General de Justicia refrenda su compromiso de hacer uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para combatir al secuestro y dar continuidad ante juzgados para castigar a los responsables de ese delito que afecta gravemente el orden social y atenta contra la libertad y el patrimonio de los tamaulipecos.
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