Por Agencias
Río de Janeiro, Brasil.- Investigadores brasileños realizaron una de sus mayores operaciones contra la corrupción este jueves, apuntando a una red de lavado de dinero ligada a poderosos políticos y empresarios que movieron mil millones de dólares a través de cuentas en 52 países.
Fiscales federales en Río de Janeiro dijeron que emitieron órdenes de arresto para 53 personas, casi todas ellas cambistas de dinero en el mercado negro. La información que los sospechosos tendrían sobre las transacciones ilícitas de importantes compañías y políticos sería «explosiva», afirmó un fiscal.
Autoridades apuntaron en una conferencia de prensa que la investigación sobre sobornos denominada «Lava Jato» que comenzó en el 2014 y se ha transformado en una de los mayores esfuerzos mundiales contra la corrupción comenzó con el arresto de un sólo cambista de dinero.
Esta operación abre la puerta a un universo desconocido», dijo el fiscal Rodrigo Timoteo. «Hemos retirado la primera capa, pero hay muchas más», agregó.
Los investigadores pudieron desarrollar las redadas y arrestos del jueves debido a un testimonio de delación compensada de dos cambistas de dinero, Vinicius Claret y Claudio Barbosa, quienes movieron de manera ilegal dinero para el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, quien cumple condena de más de 100 años por varias condenas por corrupción.
Dos de los intermediadores de divisas arrestados el jueves en Uruguay, identificados por los fiscales como Francisco Muñoz y Raúl Pegazzano, presuntamente llevaron a cabo operaciones ilegales en el pasado para el mayor frigorífico del mundo, JBS.
La compañía dijo en un comunicado que sus ejecutivos que alcanzaron acuerdos de delación compensada con fiscales ya han entregado información detallada sobre la conexión de la firma con los dos hombres.
Fiscales afirmaron que pidieron a un tribunal ordenar la confiscación de 7 mil 500 millones de reales (2 mil 130 millones de dólares) en efectivo y bienes de personas vinculadas con la red de lavado de dinero, la mitad para pagar al Gobierno la cantidad de dinero movido ilegalmente en las dos últimas décadas y la mitad para pagar multas. (Excélsior).
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