Por Agencias
Washington.- La Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo unánime que frena la demanda del gobierno mexicano contra fabricantes de armas estadunidenses por responsabilizarlos de animar el tráfico ilegal de armas de fuego que nutren la violencia en México.
“La demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas acusados ayudaron e instigaron las ventas ilegales de armas de fuego por comerciantes a los traficantes mexicanos”, escribió la autora del fallo, la juez liberal Elena Kagan en una decisión unánime de los nueve integrantes del tribunal supremo. El gobierno de México acusa que Smith & Wesson y otros fabricantes y distribuidores de armas de fuego han fracasado en ejercer “cuidado razonable” para asegurar que sus productos no sean parte del tráfico ilícito a México.
A la vez, la Suprema Cote sí reconoció que México tiene un “problema severo de violencia de armas de fuego” y en fallo afirma que “tenemos poca duda de que, como afirma la demanda, que algunas ventas de este tipo sí se hace -y que los fabricantes saben que eso sucede-. Pero el fallo concluye que México fracasó en comprobar su argumento de que los armeros intencionalmente venden sus productos al mercado ilícito mexicano y que estos fabricantes ofrecen “asistencia generalizada, sistemática y culpable” a traficantes de armas ilegales. Los fabricantes argumentaron que no pueden ser culpados penalmente ya que una ley federal de 2006 protege a los armeros de demandas por personas dañadas por sus productos, y este tribunal aceptó ese argumento.
“Estamos agradecidos porque la Suprema Corte está de acuerdo de que no somos legalmente responsables de criminales que mal usan el producto para dañar a personas, y mucho menos que sea contrabandeado a México para ser utilizado por cárteles de droga”, escribió Noel Francisco, un abogado de los armeros, en un mensaje por Linkedin.
En una declaración sobre el fallo, Jonathan Lowy, uno de los abogados que representaron al gobierno de México, expreso su firme desacuerdo con el fallo del tribunal y en particular criticó la ley de 2006 que en gran medida escuda a los armeros de demandas legales. Pero Lowy, quien también es presidente de la agrupación Acción Global contra Violencia de Armas, subrayó que el tribunal “no disputó las afirmaciones detalladas de México de que la industria armera de Estados Unidos deliberadamente suministra el flujo de armas criminales para lucrar de este mercado criminal”.
Aún más importante, agrega Lowy, “el tribunal tampoco aceptó los amplios argumentos de los fabricantes de armas que los hubiera inmunizado contra casi toda responsabilidad por sus actos indebidos”. En esencia, el tribunal determinó que México no ha comprobado su acusación de que los fabricantes y distribuidores de armas actuaron de manera deliberada sabiendo que sus armas serían traficadas a México. Pero ese fallo implica que México puede preparar y presentar un nuevo caso. “La corte rehusó aceptar los argumentos de la industria armera de que nunca podría ser una causa de daño a México, y el fallo de la corte permite que los fabricantes y comerciantes de armas pudieran ser legalmente responsables en casos futuros con hechos adicionales”, explicó Lowy.
Pablo Arrocha Olabuenaga, asesor legal de la cancillería de México, en una declaración difundida por Acción Global contra la Violencia de Armas, dijo que “mientras estamos decepcionados con el fallo de la Suprema Corte, estamos convencidos de la fuerza de nuestros argumentos y las pruebas en que se basan, y estamos alentados por el apoyo en casa y en el extranjero de las acciones de México”. Agregó que el gobierno mexicano continuará haciendo “todo en nuestro poder para proteger a mexicanos” y frenar el flujo de las armas ilícitas. Detalló que “estamos continuando con nuestra demanda contra comerciantes de armas en Arizona…… estamos en espera de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y estamos presentando nuestro caso de que el flujo de armas criminales tiene que ser frenado ante la OEA, la ONU y el gobierno estadunidense. Estamos considerando todas las opciones para ampliar y presentar más acciones legales, y estamos convencidos de que prevaleceremos”.
El caso contra los armeros se inició en 2021 con la presentación de la primera demanda legal de México en Estados Unidos. Pero los fabricantes de armas demandados por México en un tribunal federal en Massachusetts argumentaron que las leyes estadunidenses los protegen de las acusaciones y que no se ha comprobado la violación de ninguna ley en el comercio legal de los armeros en Estados Unidos al solicitar que el juez deseche el caso por falta de mérito. Pero en 2024 un pánel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, en Massachusetts, determinó que el gobierno de México podía proceder con su demanda contra siete armeras estadunidenses a las que acusa de fabricar y distribuir armas en Estados Unidos que saben que serían exportadas ilegalmente a México.
Esta disputa legal concluyó este jueves con el fallo que marca el final de esta demanda particular. Una amplia gama de organizaciones estadunidenses opuestas a la violencia de armas de fuego han apoyado la demanda del gobierno mexicano. Nick Wilson, un ex funcionario quien trabajó en asuntos de la violencia de armas en la ciudad de Baltimore y quien ahora trabaja en el Center for American Progress, declaró este jueves que “el fracaso continuo para hacer que la industria de armas rinda cuentas por armar a los cárteles de droga mexicanos con armas estadunidenses mina nuestras prioridades de seguridad nacional e inmigración”. Subrayó que “afortunadamente la corte rechazó la solicitud de la industria amera de escudar a los fabricantes y vendedores de armas de fuego de casi toda responsabilidad, aun cuando actúan ilegalmente”. (Jim Cason y David Brooks/La Jornada).
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