Si en Victoria Lalo Gattás ya se constituyó en juez y parte: ¿Qué papel juega el gobierno de Tamaulipas?

Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En ciudad Victoria, esquivar baches se ha vuelto parte del trayecto. Conductores maniobran entre cráteres urbanos como si estuvieran en una pista de obstáculos, pero muchos no logran evitar el golpe: llantas reventadas, suspensiones dañadas, defensas rotas. Y cuando el daño ocurre, la pregunta es inevitable: ¿quién responde?

EL LABERINTO LEGAL: UN AÑO DE PLAZO Y JUEZ PARCIAL

La ley contempla que el Ayuntamiento debe contar con una partida presupuestal para casos de responsabilidad patrimonial, es decir, para reparar daños causados por su negligencia.

Pero en la práctica, el ciudadano debe presentar factura del auto, licencia de conducir, tarjeta de circulación, fotografías del daño y del bache, según confirmó el presidente del colegio de Abogados en Tamaulipas, Gilberto Avalos Martínez.

Pero además, y  según el Colegio de Abogados de Victoria, se tiene que pagar  un dictamen pericial que no siempre es fácil de conseguir; entonces, aparte  del coraje y la impotencia que siente el afectado, hay que presentar todos los requisitos que exige el Ayuntamiento.

Y si todo eso se logra, el expediente se entrega al propio Ayuntamiento, que tiene hasta un año de plazo para responder.  Sí: la parte acusada decide si es culpable.  El municipio actúa como juez y parte, dejando al ciudadano en una posición vulnerable, donde la imparcialidad queda en duda.

Y si no procede, el camino se alarga. Si el Ayuntamiento considera que la denuncia es válida, está obligado a pagar el daño o reparar el vehículo, pero si se niega a responder, el afectado debe acudir al Ministerio Público para levantar una denuncia penal por daños y perjuicios, o iniciar una demanda civil.   Es decir: más tiempo, más trámites, más desgaste.

BACHES INVISIBLES, DAÑOS INEVITABLES

Las lluvias han multiplicado los baches, zanjas y coladeras abiertas en calles de Victoria. Muchos son difíciles de ver o de evitar, y aunque la ley reconoce el derecho a reclamar, la realidad lo convierte en una carrera de obstáculos, donde el ciudadano paga por reparar, por denunciar y por esperar.