Por Agencias
Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el pago de materiales, suministros y servicios generales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los institutos nacionales Electoral (INE) y de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) -ya extinto-, cuya suma final es de más de 86 millones de pesos en su conjunto.
En su tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2024, la entidad revisora del gasto público explicó que en dicho año fiscalizó los gastos del INE en cuatro partidas presupuestales de los capítulos 2000, Materiales y suministros, y 3000, Servicios Generales.
Como resultado de sus análisis, la ASF identificó que el INE pagó 793.9 mdp correspondientes a boletas, materiales didácticos y de simulacro impresos del Proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025, las cuales aseguró haber recibido en tiempo y forma en 2024, cuando en realidad se comprobó que fueron suministrados, producidos y entregados en 2025.
Por otro lado, se documentó que el órgano electoral hizo pagos por 63.2 mdp correspondientes al servicio de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro para la capacitación electoral en el Proceso Electoral 2023-2024, de los cuales “no se cuenta con la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la prestación del servicio, aunado
a que el proveedor no acreditó cómo llevó a cabo la prestación del servicio”.
Sumado a lo anterior, se descubrió que existe “falta de documentación justificativa que acredite y ampare la recepción, uso y destino, por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, así como por los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, de un millón 197 mil 579 materiales didácticos relacionados con el Proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025, por un importe total de un millón de pesos.
Además, se pagaron 2.2 mdp por el uso de vehículos arrendados para fines distintos al autorizado de Módulo de Atención Ciudadana, correspondientes a 2 mil 171 días. En total, el monto de recursos públicos que el INE aún debe aclarar asciende a 66 millones 563 mil pesos.
IRREGULARIDADES EN TEPJF E INAI
Por lo que se refiere al TEPJF, la Auditoría indicó que la autoridad judicial en materia electoral recibió de la Secretaría de Hacienda recursos fiscales correspondientes a los capítulos 2000 y 3000 por un total de 506 millones 717 mil pesos, a través de 24 cuentas por liquidar certificadas, de los cuales se fiscalizaron 153.9 mdp.
Tras revisar el uso de esos fondos, el organismo fiscalizador determinó que hay 12.1 mdp cuyo uso aún está por aclararse, como resultado de diversas probables irregularidades, entre ellas la realización de pagos por 2.4 mdp “sin los reportes de servicio con la validación del usuario y la evidencia de la entrega de las actividades desarrolladas por los prestadores de servicios profesionales”.
De igual forma, el Tribunal Electoral autorizó el pago de 5.2 mdp sin contar con la documentación que acredite los servicios de limpieza que contrató; de 908 mil pesos “sin la documentación que acredite servicios de fletes y maniobras”, y de 3.6 mdp “sin la documentación que acredite servicios de impresión y encuadernación e impartición de cursos y servicios de acceso a la plataforma Tirant Prime”.
En el caso del extinto INAI, la ASF determinó que “se observaron diversas inconsistencias u omisiones” que podrían implicar daños al erario por un total de 7.3 mdp.
Entre las faltas supuestamente cometidas se encuentra la realización de pagos, “sin acreditar la totalidad de la documentación requerida para comprobar las comisiones nacionales e internacionales de los Comisionados del Pleno y servidores públicos del INAI, así como de personas invitadas externas”, por 2.9 mdp.
Además, “se identificaron servidores públicos que obtuvieron beneficios económicos no comprendidos en su remuneración y utilizaron recursos humanos para fines distintos a los establecidos en la normativa aplicable al INAI”.
También se realizaron pagos por 4.2 mdp “sin contar con la totalidad de la documentación que acreditara el servicio integral de limpieza de los meses de enero a diciembre de 2024”; de 114 mil pesos “por el pago de 11 equipos informáticos sin acreditar su ubicación en el INAI”, y de 57 mil 700 pesos, “por el pago de servicio de mantenimiento sin acreditar la entrega y recepción de material correspondientes al mes de octubre de 2024”.
Además, el desaparecido organismo autónomo “contrajo compromisos con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal 2024, sin contar con la autorización del pleno del INAI para realizar una contratación plurianual; no verificó la entrega de libretas de acceso, y tampoco verificó que 11 elementos de seguridad y vigilancia cumplieran con los requisitos” establecidos para dicho servicio.
Por otro lado, la ASF detectó que el INAI “no estableció parámetros técnicos estandarizados para el aprovechamiento de reportes de operación de sistemas de seguridad mediante la definición de umbrales críticos y líneas base para el análisis de tráfico de red, consumo de ancho de banda y clasificación de incidentes de seguridad”.
Asimismo, no verificó el estado y frecuencia de actualización de firmas de detección de amenazas, ni la implementación de mecanismos de seguimiento y atención a recomendaciones de seguridad”. Fernando Camacho y Enrique Méndez/La Jornada).
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