Por José Gregorio Aguilar
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mientras un millón de tamaulipecos padecen cortes en el suministro de agua potable, de acuerdo con informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE) 15 organismos operadores rurales acumulan irregularidades financieras por más de 34 millones de pesos.
La diputada morenista Elvia Eguía Castillo, presidenta de la Comisión de Recurso Hidráulico del Congreso del Estado advirtió que los organismos encargados de garantizar el abasto de agua fallaron en transparentar el uso de recursos, generando desconfianza ciudadana y molestia por el deficiente servicio.
Recordó que hace dos años, cuando el estado enfrentó la peor sequía en ocho décadas, al menos 15 Comapas incurrieron en presuntas irregularidades que aún no han sido solventadas.
“Persisten omisiones, inconsistencias contables y gastos sin sustento”, señaló.
El caso más delicado es el de la Comapa de Camargo, que concentra más de 40 millones de pesos sin solventar. En Aldama, se acumulan 27 observaciones por 18.3 millones, de las cuales solo dos fueron aclaradas.
Asimismo, en Antiguo Morelos, la ASE detectó 19 irregularidades con más de 1.4 millones pendientes, mientras que en González se reportan más de 15.2 millones sin aclarar.
En Gómez Farías persisten nueve observaciones sin resolver, y en municipios como Guerrero, Jaumave y Mier se acumulan montos sin comprobar por 11.1, 4.3 y 6.1 millones, respectivamente.
La diputada local agregó que en la Comapa de Miguel Alemán se registran más de 21.7 millones de pesos sin justificar, mientras que Nuevo Morelos, Palmillas, Ocampo, Tula y Villagrán también presentan inconsistencias en sus cuentas públicas auditadas.
Eguía Castillo subrayó que estas irregularidades son inadmisibles en un contexto de crisis hídrica. “Los organismos rurales no solo fallan en garantizar el servicio, también han incumplido con la transparencia en el manejo de recursos públicos”, advirtió.
La legisladora concluyó que el Congreso dará seguimiento a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, pues la ciudadanía exige claridad en el destino de los recursos y un servicio eficiente en medio de la escasez de agua.
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