Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Cuatro demandas más en contra del cobro de cuotas escolares se interpusieron en esta capital, tres en contra de un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial (CBTIS) en dos Juzgados de Distrito -considerándolo violatorio de la garantía constitucional de educación gratuita-, y en alguna interviene el Instituto Federal de Defensoría Pública Federal (IFDPF) como abogado de los estudiantes.
El Juez Sergio Santamaría Chamú, del Juzgado Decimoprimero de Distrito: “…. se admite la demanda de amparo; cítese a las partes a la audiencia constitucional, a las 11 horas con 50 minutos del 11 de septiembre de 2017; pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo en el término de 15 días, legalmente computado; y remitir copia certificada legible de las constancias que sean necesarias para resolver el presente juicio, apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa …”.
El 11 de agosto, los padres de un estudiante acudieron ante el Poder Judicial Federal en esta capital para presentar demanda en contra de titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por el cobro de cuotas como requisito para inscribirse en el centro de bachillerato, la no inscripción de alumnos hasta no cubrir cuotas, considerándolo violatorio de la garantía constitucional de educación gratuita.
En este caso se inició el juicio de amparo 1527/2017, al cual se sumaron otros dos juicios, bajo los números 1528/2017 y 1529/2017, y el Juzgado advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial para notificar el oficio 27920/2017, dirigido a la coordinación estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), toda vez que al constituirse en las instalaciones correspondientes, fue informada que dicha autoridad no existe, por lo que le da tres días a los demandantes para que precisen.
Mientras tanto, el Juez José Guerrero Durán, del Juzgado Segundo de Distrito, en el juicio de amparo 1538/2017, contra el Secretario de Educación de Tamaulipas, por cobro de cuota escolar, ordenó agregar el oficio signado por la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal, través del cual designa a un asesor jurídico federal adscrito a esa delegación, para que auxilie al demandante.
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