Por Agencias
Nicaragua.- Carlos Alberto Bonilla López fue condenado a 90 años de cárcel por la muerte de un disparo de un agente de la Policía de Nicaragua en el marco de las protestas antigubernamentales que comenzaron en abril pasado.
Bonilla López fue hallado culpable el pasado 27 de septiembre de los delitos de asesinato agravado del oficial Hilton Rafael Manzanares Alvarado y del asesinato en grado de frustración de otros cuatro agentes, y este martes fue leída la sentencia.
La jueza Decimotercera Penal de Juicio de Managua, Fátima Rosales, condenó a Bonilla López a 30 años de prisión por el asesinato del agente Manzanares, y a 60 por el delito de asesinato en grado de frustración (15 años por cada uno de los policías).
Bonilla cumplirá en la práctica 30 de cárcel, el máximo que permiten las leyes de Nicaragua.
De acuerdo con la sentencia, Bonilla mató al agente Manzanares durante una protesta la noche del 19 de abril pasado en las inmediaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).
El subinspector Manzanares, que fue ascendido a capitán de forma póstuma, intentaba restablecer el orden cerca de la universidad junto a otros agentes antidisturbios cuando recibió un disparo mortal en la espalda, según la acusación del Ministerio Público.
La jueza determinó que el Ministerio Público pudo demostrar su «teoría fáctica» de que el acusado es el autor directo de los delitos imputados, de acuerdo con la información disponible.
Nicaragua vive una crisis social y política con protestas contra el presidente del país, Daniel Ortega, que ha dejado entre 322 y 512 muertos y miles de heridos, según organismos humanitarios locales e internacionales, mientras el Gobierno reconoce 199 víctimas y denuncia un intento de «golpe de Estado».
Los organismos humanitarios sostienen que en Nicaragua hay más de 300 «presos políticos», en tanto el Gobierno afirma que hay más de 200 detenidos «por golpistas».
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Ejecutivo de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, entre otros, acusaciones que el presidente Ortega rechaza.
Las manifestaciones antigubernamentales comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social, que fueron anuladas, y pasaron a ser una exigencia de renuncia del presidente Daniel Ortega, con 11 años consecutivos en el poder, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
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