Por Agencias
Buenos Aires.- La Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante Michelle Bachelet, como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contra el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro Lemes, la Misión de Observadores Electorales de este organismo encabezada por Manuel González, y otros responsables de los Informes preliminares y final sobre las elecciones de 2019 en Bolivia “por haber cometido acciones de intervencionismo contra la soberanía de ese país” aludiendo a un supuesto fraude electoral que no han podido probar.
También en la denuncia se resumen ocho informes técnicos internacionales de varios centros estadísticos de universidades y periódicos de prestigio mundial entre los cuales resaltan The New York Times, The Washington Post, el MIT (Universidad de Massachussets) y el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) a lo que se suma la petición de congresistas estadunidenses para que se investiguen las acciones de la Secretaría General de la OEA. Estos estudios “desmienten contundentemente las acusaciones de fraude de la OEA en las elecciones del 2019 que llevaron al derrocamiento de un Gobierno Constitucional, la desestabilización de la democracia”, que concluyó en un golpe de Estado, la muerte de 37 personas, más de 860 heridos, más de un millar de detenidos ilegalmente, la persecución policial y judicial con fines políticos y el exilio de cientos de dirigentes políticos y sociales.
También sostienen que la “Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, ha vulnerado abiertamente las Cartas de la ONU y la OEA, la Carta Democrática Interamericana y resoluciones generales de ese organismo, “transgrediendo el Derecho Internacional y la Soberanía nacional del Estado Plurinacional de Bolivia”.
Por otra parte se refieren a las consecuencias de estos actos de intervencionismo provocando el quebrantamiento estatal; la desestabilización de la democracia, el flagelo a la población, uso irracional del poder y el desmantelamiento de la Constitución Política del Estado, llevando a la instauración de un gobierno transitorio que comete sistemáticamente delitos contra la población.
Solicitan que la Alta Comisionada de Naciones Unidas acoja estas graves denuncias contra la Secretaría General de la OEA “por los delitos contra los derechos civiles, políticos y sociales que se han cometido con el golpe y exigen a este organismo el respeto a las organizaciones políticas populares, a las instituciones nacionales, a la democracia y a la soberanía de los pueblos de uno de sus Estados Miembros, y de su gobierno constitucional. Además solicitan se forme una comisión de investigación independiente que estudie los informes de la OEA y sus gravísimas consecuencias, como las violaciones a los derechos humanos. (Stella Calloni/La Jornada).
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