Por David Zárate Cruz
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una nueva sentencia se emitió en contra del Congreso y la gubernatura del Estado, y en el contexto del juicio de amparo 1140/2021 el Poder Judicial Federal declaró la inconstitucionalidad de las fracciones I y VI del artículo 64 de la Ley de Hacienda del Estado, al establecer un cobro de ocho al millar, por derechos de inscripción de compra-ventas; y cuatro al millar por inscripción de créditos; por lo que ahora se deberá regresar lo pagado a un ciudadano de esta capital.
La Juez Rosa María Cortés Torres, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Victoria, determinó que son fundados los conceptos de violación expuestos por el ciudadano en los cuales esencialmente sostiene que el cobro por concepto de derechos por inscripción de escritura pública en el Instituto Registral y Catastral del Estado, previsto por el artículo 64, fracciones I y VI, de la Ley de Hacienda, vulnera el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 64 de la Ley de Hacienda del Estado, señala: “Los servicios que se presten en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas causarán derechos conforme a la siguiente tarifa: I.- La inscripción o registro de títulos (….) por virtud de las cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, sobre el valor al 8 al millar: “VI.- La inscripción de créditos (….) sobre el importe de la operación, 4 al millar”.
La Juez señaló que se considera que nada tiene que ver con el costo de la prestación de dicho servicio registral; de tal suerte, con tal disposición, se contravienen los principios de proporcionalidad y equidad, porque no se toma en cuenta el costo del servicio que presta el Estado, sino un elemento ajeno, como es el valor de la operación y tal circunstancia conduce a que por un mismo servicio los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad, dependiendo del valor aludido, provocándose que por los mismos servicios se causen derechos distintos.
El Juzgado otorgó el amparo en contra del Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Estado, que deberán desincorporar de la esfera jurídica al ciudadano de la aplicación de la Ley de Hacienda del Estado, impugnada, específicamente el artículo 64, fracciones I y VI, esto es, que no se le aplique la porción normativa inconstitucional en su perjuicio y se le regrese lo pagado.
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