Por David Zárate Cruz
Reynosa, Tamaulipas.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá pagar pensión por incapacidad a una persona por diversas enfermedades, tanto de orden general como profesional, que le impiden producirle ingresos semejantes a su último puesto de trabajo como operadora manual, ya que mediante la ejecutoria 282/2021 el Poder Judicial Federal le negó el amaro al organismo en contra de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Reynosa.
El magistrado Artemio Hernández González, del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Reynosa, determinó que las afirmaciones del IMSS, son inoperantes y por ende, inatendibles los criterios que refiere, porque omite señalar concretamente qué pruebas se dejaron de valorar, el alcance probatorio de las mismas y la forma en que trascenderían éstas al fallo en su beneficio, limitándose únicamente a realizar afirmaciones genéricas e imprecisas sobre tales omisiones.
El 25 de enero del 2021, la mencionada junta emitió el Laudo del juicio laboral 459/2017, mediante el cual condenó al IMSS al pago de pensión. El organismo recurrió al juicio de amparo argumentando que se omitió realizar una relación pormenorizada, congruente y exhaustiva de la acción, de las pruebas que ofreció, con las cuales se demuestran sus excepciones y defensas hechas valer, de manera que la junta incumplió la obligación de sujetarse a la legalidad.
El magistrado Artemio Hernández González determinó que las aseveraciones del IMSS carecen de los requisitos mínimos para ser consideradas como verdaderos conceptos de violación, además, siendo el amparo en materia laboral de estricto derecho cuando el quejoso es el Instituto, aun cuando actúe como órgano asegurador, como el caso que nos ocupa, no existe la suplencia de la queja, por lo que no se puede hacer un examen general del laudo controvertido.
“Ya que, de aceptar como verdaderos conceptos de violación lo aducido por la parte inconforme, se infringiría el artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor; por ende, si no precisa en concreto, qué pruebas o aspectos son los que, en su apreciación, dejaron de atenderse, o por qué estima que se incurrió en un estudio inadecuado, debe concluirse que se trata de meras afirmaciones genéricas”, ante lo cual el pleno judicial negó el amparo.
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