Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial Federal obligó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem), a emplazar a juicio al Gobierno del Estado de Tamaulipas, ya que al no hacerlo en una demanda laboral presentada desde el 7 de junio del 2021, se violó la garantía constitucional de justicia rápida, por lo que mediante la sentencia 1469/2021 se otorgó el amparo para que citara a la administración estatal.
El Juez Francisco Manuel Rubín de Celis Garza, titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Victoria, acordó: “…archívense las actuaciones como asunto total y definitivamente concluido.”.
Es decir, el Tribunal estatal ya emplazo a juicio al Gobierno del Estado a fin de que comparezca y de contestación a todos los puntos planteados en la demanda, iniciando a la vez su defensa en el mismo, por lo que ahora inicia el proceso laboral donde se analizarán los argumentos y pruebas de ambas partes para poder emitir la sentencia.
La sentencia emitida el 21 de octubre del 2021otorgó el amparo a un trabajador para que el Tcatsem ordene al actuario adscrito -según lo establecido en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno-, practicar el emplazamiento de la parte demandada Gobierno del Estado, esto en el domicilio señalado en los autos del expediente laboral 285/E/2021, iniciado el siete de junio del 2021.
El Juez señaló en la demanda que, en el caso concreto, si bien es cierto el Tribunal obrero responsable mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno radicó el escrito inicial de demanda de siete de junio del año en curso, registrándola bajo el número 285/E/2021, y ordenó emplazar al demandado, con sede en esta localidad, no lo ha procurado, por lo que dicha omisión atenta contra la pronta y expedita impartición de justicia, contempladas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El referido precepto constitucional protege el derecho fundamental a la seguridad jurídica, manifestada como la obligación que tienen las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo de substanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas, por lo que su omisión implica la violación a dicho derecho fundamental.
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