Por Agencias
Guadalajara, Jalisco.- Legisladores de las fracciones de Morena y del Partido del Trabajo presentaron en el Congreso de Jalisco propuestas de reforma con la posibilidad de facilitar el retiro del cargo al gobernador, Pablo Lemus Navarro, mediante la eliminación de “candados” legales que impiden el escrutinio a la labor del político del partido Movimiento Ciudadano y promover su remoción antes del término de su mandato en 2030.
El plan de los legisladores, anunciado en rueda de prensa este lunes, contempla cambios al artículo 11 de la Constitución del estado y a la Ley del Sistema de Participación para la Gobernanza, al proponer que el porcentaje de firmas de la lista de electores baje del 3 al 1 por ciento para dar inicio al proceso de revocación.
De igual forma, el documento plantea que el umbral de asistencia a las urnas para que el resultado tenga validez pase del 40 al 30 por ciento del padrón de votantes.
Almaguer Castañeda sostiene que la norma que está en vigor prácticamente obliga a la población a realizar tareas de fiscal o juez para someter al gobernador a una consulta.
Entre los motivos de la iniciativa figura el suministro de agua con sustancias que afirmaron causan enfermedades en los riñones y cáncer en zonas de El Salto y Juanacatlán, por donde llega el agua contaminada de la ciudad al río Santiago.
También acusaron falta de capacidad en la administración por parte del gobernador y el impulso de medidas que favorecen la gentrificación, en lugar de la equidad para los habitantes, pues el creciente costo de las rentas sin tener un tope legal provoca la expulsión de las personas de los hogares y de los barrios hacia las periferias.
De acuerdo con la exposición de los diputados, este fenómeno de migración del territorio de origen también acerca a la niñez a riesgos ante la acción de grupos del crimen.
La propuesta cuenta con el respaldo de Erika Pérez y José Luis Sánchez, quienes dirigen a Morena y al Partido del Trabajo en la entidad, para dar paso a herramientas de consulta sobre el desempeño de la autoridad en el estado. (Juan Carlos G. Partida/La Jornada).
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