Por Redacción
Ciudad de México, México.- La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR), impulsa políticas públicas para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En este ámbito, México obtuvo una calificación de 95.6 por ciento en el Atlas de Políticas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe 2026, elaborado por el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF).
La evaluación considera 22 indicadores relacionados con políticas públicas, acceso y financiamiento. Entre los aspectos destacados de México se encuentran el reconocimiento legal de los derechos reproductivos, la actualización de la estrategia nacional de planificación familiar, la cobertura pública de métodos anticonceptivos y la disponibilidad de servicios dirigidos a adolescentes y jóvenes.
Los resultados se presentaron durante la tercera edición de los Diálogos por la Anticoncepción y la Planificación Familiar, encuentro que reunió a representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, especialistas y organizaciones de la sociedad civil para intercambiar experiencias y promover la colaboración en materia de salud sexual y reproductiva.
La directora general del CNEGSSR, Teresa Ramos, señaló que este resultado reconoce los avances del país en la construcción de políticas públicas de anticoncepción y planificación familiar, así como la importancia de continuar ampliando el acceso a servicios gratuitos, oportunos y de calidad, con especial atención a las personas que enfrentan mayores barreras de acceso.
Durante el encuentro también se destacó la necesidad de fortalecer la disponibilidad de métodos anticonceptivos, la capacitación del personal de salud y la coordinación interinstitucional, con el propósito de reducir las brechas sociales y territoriales en el acceso a estos servicios.
La Secretaría de Salud, mediante el CNEGSSR, refrenda su compromiso con las políticas de anticoncepción y planificación familiar que contribuyen a prevenir embarazos no intencionados, reducir el embarazo en adolescentes, favorecer la salud materna y garantizar el ejercicio informado de los derechos sexuales y reproductivos.
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