Por Agencias
Ciudad de México.- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está dejando «en un estado de indefensión legal» a la industria maquiladora porque no ha actuado de manera firme y oportuna en la huelga que estalló el viernes en 42 de las 45 plantas existentes en Matamoros, Tamaulipas.
Aunque en la mayoría fue declarada ilegal ya provocó que 15 empresas automotrices y electrónicas anunciaran “que se van del país”, lo que ocasionará la pérdida de miles de empleos, acusó Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (Index).
“Tenemos 37 empresas en paro ilegal”, indicó y responsabilizó directamente al gobierno federal de no intervenir pese a que en Index, señaló, “le hemos clamado ayuda”. Incluso advirtió que está en riesgo la existencia de la industria maquiladora en México.
“Me daría mucha pena estar proyectando o previendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea quien esté sepultando a esta industria de exportación en nuestro país, la cual ha sido un exitoso modelo de negocio y desarrollo regional, económico y social, hecho y creado en México desde hace 53 años, que genera 3 millones de empleos”, sentenció el dirigente empresarial.
Con este conflicto laboral «se está mandando al mundo un mensaje muy equivocado de desconfianza sobre México, de que no es un lugar seguro y atractivo para invertir», afirmó Aguirre Lang.
“No es un tema de índole local, ya es de índole nacional porque estamos afectando a las cadenas de suministro tanto nacional como del extranjero de los sectores automotriz y electrónico que hoy representan 70 por ciento de las exportaciones de las manufacturas del país y que genera millones de empleos”.
Además de la salida de maquiladoras de Matamoros o del país, otro riesgo es que el problema se extienda a otras ciudades del norte, en principio y por la cercanía a Reynosa, pero la industria tiene presencia en toda la franja fronteriza.
Pese a declaratoria de inexistencia de huelga, siguen cerradas las maquiladoras
Explicó que después de que desde hace dos semanas hubo paros ilegales de actividades en varias fábricas, el viernes pasado emplazaron a huelga 45 empresas donde trabajan 90 mil 395 trabajadores y de las cuales 13 son del sector automotriz, por lo que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente ya que la Ley Federal del Trabajo establece que esa industria sólo se trata en el ámbito federal.
Sólo tres empresas aceptaron las condiciones impuestas por el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM), pero las restantes 42, incluidas las del ramo automotriz, estallaron en huelga. Las autoridades locales determinaron que es “injustificada e improcedente” la huelga en siete empresas y se espera que lo mismo suceda con otras 10 plantas más, detalló el presidente de Index.
Pese a la declaración de ilegalidad e inexistencia de la huelga en varias empresas por parte de las autoridades locales, incluidas las del sector automotriz, “siguen paradas por la líder y activista sindical Susana Prieto. Pedimos al gobierno restablecer el orden porque nos están asfixiando, nos están estrangulando la vida productiva de Matamoros”, exclamó.
Aseguró que los paros y la huelga fueron organizadas por “personas ajenas a la vida productiva de Matamoros”, quienes al hacer una mala interpretación del incremento al salario mínimo que se autorizó desde el primero de enero, engañan y manipulan a los trabajadores al exigir un incremento salarial de 20 por ciento para todos los trabajadores, aun cuando no perciban el salario mínimo, así como un bono de 32 mil pesos para cada uno.
En particular acusó a la dirigente Susana Prieto y “algunas personas del sindicato minero en el estado… Todos sabemos quiénes son y todos sabemos dónde están, pero las autoridades no hacen nada”.
Hay trabajadores, dijo, que tienen más de 25 años de trabajar en el sector que ya quieren regresar a trabajar porque ya saben que el paro es ilegal y que si no acuden a trabajar pueden ser dados de baja después de cuatro faltas, sin tener derecho a recibir ningún pago por antigüedad. Sin embargo, no los dejan porque mantienen cerradas las plantas e incluso ha habido enfrentamientos. (Susana González G./La Jornada).
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