Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- La fracción del PRI en el Congreso del Estado se adelantó a los tiempos: Solicitó que el siguiente gobernador de Tamaulipas dure en ejercicio cinco años.
De aprobarse las reformas y adiciones al artículo 80 de la Constitución de Tamaulipas, según la iniciativa del diputado Rafael González Benavides, el período gubernamental sería del 2022 al 2027.
La otra opción es un gobierno de dos años a partir del 2022 para empatar con el proceso federal de 2024, en que se nombrará Presidente de la República, senadores y diputados.
Recordó que, producto de la reforma política nacional, la siguiente legislatura del Estado, la 64, tendrá un ciclo de dos años para homologarse con los comicios federales del 2021.
“Está la disyuntiva de dos o cinco años”, comentó, y se pronunció por la última en consideración a que el gobernador tendría un término razonable para implementar sus planes y programas de trabajo.
La iniciativa fue enviada a Comisiones. El acuerdo respectivo deberá tomarse un año antes de las elecciones, es decir, por mayo del 2021.
Por su parte Susana Hernández Flores, también del PRI, subió exhorto a la Secretaría de Educación de Tamaulipas para que, de plano, sean eliminadas las controvertidas cuotas escolares.
La representante del Movimiento Ciudadano, Guadalupe Biasi Serrano presentó iniciativa, para que sea el Congreso del Estado el que convoque al Primer Parlamento de Mujeres en que se reciban y analicen ponencias y demandas del sector femenil.
“LA QUINITA” QUIERE FESTEJAR EL “DIA DEL CABALLO”
Mientras otros legisladores se ocupan de asuntos actuales que atañen al progreso de los tamaulipecos, Joaquín “La Quinita” Hernández Correa está empeñado en temas de menor trascendencia.
Su iniciativa de este miércoles fue para que el Congreso del Estado declare el 22 de abril de cada año como el Día del Caballo en Tamaulipas.
No especificó por qué quiere el festejo en esa fecha.
El priísta Alejandro Etienne Llano se pronunció por enviar un exhorto a la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, para que no haga los despidos masivos de personal en la dependencia anunciado por el subsecretario Martín Cantú Salinas.
Según sus palabras, en el 2018 la dependencia recibió un presupuesto federal de mil 800 millones de pesos, la mayor parte para sueldos y, en todo caso, si hay crisis deben recortarse otros gastos administrativos.
Después de Educación, Salud es la segunda secretaría estatal con más personal.
El diputado Glafiro Salinas Mendiola, coordinador parlamentario, subió a tribuna para pedir reformas y adiciones al Código Civil, en un contenido que considera violatorio de los derechos humanos.
Se trata del articulado que obliga un año de plazo para volver a contraer matrimonio, a aquellas parejas que se han divorciado. Es un término que debe eliminarse, dijo.
En una iniciativa más, Teresa Aguilar Gutiérrez, del PAN, demandó adiciones a la Ley del Trasporte Público para obligar a los conductores de micros y autobuses urbanos a reservar los primeros cuatro asientos delanteros, para las personas discapacitadas, adultos mayores y mujeres embarazadas.
“JALON DE OREJAS” A LA SECRETARIA CHAVIRA
Desde la máxima tribuna, en asuntos generales, el priísta Juan Carlos Córdova Espinoza envió un extrañamiento a la secretaria del Trabajo, Estela Chavira Martínez, “por sus desafortunadas declaraciones” de sugerir a las empresas asentadas en Matamoros, que se instalen a otras partes de la entidad e incluso “favorecer administrativamente su traslado”.
En general exhortó a la titular de la cartera estatal y su contraparte federal, para que de manera urgente instalen una mesa de trabajo con las partes del conflicto laboral que vive aquella frontera, “hasta que obtengan los acuerdos jurídicos y económicos necesarios para el restablecimiento normal de la planta productiva”.
Otra llamada de atención a la secretaria Chavira: Que realice las gestiones necesarias ante Finanzas del Estado, a efecto de que implemente un plan para que la recaudación obtenida por concepto del Impuesto Sobre Nóminas, se aplique para mitigar los efectos negativos con motivo de los paros, huelgas y la inestabilidad laboral.
Como representante por Matamoros, instó a las autoridades “a intervenir más decididamente” para preservar la paz y tranquilidad, a que se tomen las medidas administrativas necesarias para garantizar el imperio del estado de Derecho.
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