Por Agencias
Baja California.- En los últimos días de diciembre de 2019, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez envió su propuesta de Ley de Ingresos al Congreso del Estado. Entre otros aumentos y creación de impuestos, incluía el 2.5% a la primera venta de gasolina en el Estado.
Con la medida impositiva, esperan recaudar 700 millones de pesos. Por supuesto, la Ley fue aprobada por la mayoría de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local, sin estudios o análisis de por medio, obviando que la gasolina tiene impuestos federales y la Ley no permite gravar impuesto sobre impuesto.
Tampoco fueron escuchados los distribuidores de gasolina, ni los expendedores finales, quienes verían mermadas sus finanzas con la creación de este gravamen en Baja California.
Pero mes y medio después, el gobierno federal ha dado su primer “manotazo” contra la administración de Jaime Bonilla Valdez y contra los diputados morenistas de Baja California, pues el 14 de febrero se hizo de conocimiento del Primer Juzgado de Distrito de esta entidad, de la demanda de amparo interpuesta por Petróleos Mexicanos (Pemex) contra las reformas a la Ley de Hacienda del Estado y de Ingresos 2020, que crearon el “impuesto sobre la venta de primera mano de gasolina y demás derivados del petróleo por afectación al medio ambiente”.
Se trata del coloquialmente conocido como “gasolinazo” del gobernador Bonilla, el cual fue aprobado el 31 de diciembre de 2019, en aquel albazo legislativo, donde de manera sorpresiva incluyeron una serie de nuevos impuestos como el que se impuso al sector hotelero, a las casas de cambio y a los combustibles, bajo el argumento de tener un objetivo meramente ambiental.
Los diputados que votaron a favor de aquel “gasolinazo” son Monserrat Caballero, Miriam Cano, Julia González, Carmen Hernández, Juan Manuel Molina, Eva Gricelda Rodríguez, Juan Melendrez, Víctor Navarro, Rosina del Villar Casas, Víctor Morán y Ramón Vázquez Valadez, de Morena; Fausto Gallardo, del Partido Verde; Miguel Ángel Bujanda y Trinidad Vaca Chacón, ambos sin partido.
Junto con el aumento del Impuesto sobre la Nómina, el gravamen a la gasolina fue uno de los que mayor inconformidad generó ante los grupos empresariales y sociales, provocando una serie de críticas y posteriormente una lluvia de amparos en contra de la Ley de Hacienda del Estado. Sin embargo, uno de estos destaca entre todos:
Petróleos Mexicanos, uno de los principales proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera que se consideró que las reformas emprendidas por el gobierno del Estado, de imponer un gravamen a los combustibles, resulta “inconstitucional”.
Esta información consta en la demanda de amparo 139/2020 interpuesta por los representantes legales de Pemex, Angélica Guadalupe Orta López y José Alberto Soto Jiménez, a quienes se concedió la suspensión provisional para que evitar que estos actos de gobierno les causen ejecución. (Eduardo Villa Lugo/Zeta/Apro).
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