Por Agencias
Ciudad de México.- El dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, anunció que obtuvo una resolución laboral que es “histórica para la justicia”, tras un juicio de 12 años en contra de Alberto Bailleres, Dueño de Grupo Peñoles.
La resolución reconoce que existió relación laboral de Gómez Urrutia con la empresa Minera Mexicana La Ciénega, de donde fue despedido el 1 de enero de 2008, como parte de la campaña que el gobierno de Felipe Calderón montó en su contra.
Acompañado por integrantes del comité ejecutivo del sindicato minero y por sus abogados, el también senador de Morena comentó que le corresponde poco más de un millón de pesos por concepto de salarios caídos durante esos 12 años, cifra que donará a sus compañeros mineros.
En conferencia de prensa comentó que ese juicio, que logró ganar pese a la infinidad de irregularidades de la empresa de Bailleres, es un precedente importante en la lucha por el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.
Detalló que el 24 de enero de 1994 comenzó a laborar en minera mexicana La Ciénega y tiempo después fue nombrado delegado sindical y posteriormente, en octubre de 2001, fue electo secretario general del Sindicato Nacional Minero.
Sin embargo, después del accidente de Pasta de Conchos y de la embestida del gobierno de Felipe Calderón en contra del sindicato minero, la empresa de Balleres dejó de pagar su salario y prestaciones y lo dio de baja.
Ello como parte de la estrategia del entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, para negar la toma de nota al sindicato minero, bajo el argumento de que Gómez Urrutia ya no era trabajador en activo
Ahí comenzó largo el litigio, explicó, que finalmente concluyó con la resolución de la Junta Federal de conciliación y arbitraje a su favor.
El asesor jurídico Carlos De buen, explicó que un juicio de ese tipo llevaría apenas dos meses pero se prolongó por más de una década ya que Peñoles contó con el apoyo de las autoridades laborales para cometer todo tipo de “chicanadas” entre ellas sostener que la firma de Gómez Urrutia era falsa. (Andrea Becerril/La Jornada).







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