Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde hace dos años y seis meses, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem) no cumple la sentencia 917/2018, consistente en que ejecute un Laudo en contra del ayuntamiento de San Carlos, por lo que el Poder Judicial Federal lo viene requiriendo porque ya se está en violación a la garantía constitucional de justicia rápida.
El Juez José Guerrero Durán, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Victoria, señaló en la sentencia que de las constancias que fueran aportadas por el presidente del Tribunal, se desprende que mediante acuerdo de 5 de junio de 2018 requirió al ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas el monto de condena del laudo emitido en el expediente laboral 29/M/2008, sin que dentro del propio sumario se advierta alguna constancia con la cual se demuestre que haya logrado cumplir dicha ejecución.
El 15 de mayo del 2018, una ciudadana acudió ante el Poder Judicial Federal en esta capital para presentar demanda en contra del Tcatsem, por la omisión de dejar de cumplir con lo establecido en el artículo 118 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tamaulipas, así como de requerir el cumplimiento de laudo, considerándolo violatorio de la garantía de justicia rápida.
El Juez señaló que de las actuaciones integrantes del juicio de amparo no se advierte que a la fecha de la presente sentencia (27 de junio 2018) exista alguna constancia que ponga de manifiesto que el tribunal responsable haya cumplido con todas las medidas establecidas en el Código Municipal y demás ordenamientos que resulten aplicables, respetando los plazos legales para tal efecto; tal omisión resulta ser violatoria, en perjuicio de la ciudadana de la garantía de impartición de justicia pronta consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna.
El Juzgado otorgó el amparo para que el Tcatsem realice en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin, debiendo apercibir a las autoridades correspondientes con las medidas de apremio que tenga a su alcance.







Discussion about this post