Por David Zárate Cruz
Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial Federal desechó una ampliación de demanda al comité estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el embargo laboral de seis millones 956 mil pesos a una cuenta del comité ejecutivo nacional del Sol Azteca, de donde la autoridad laboral tomaría para pagar un laudo relativo a un empleado despedido en forma injustificada.
El PRD presentó un recurso de queja que admitió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
El Juez Fernando Ureña Moreno, titular del Juzgado Primero de Distrito en Victoria, dio a conocer que “la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, comunicó que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso PRD, partido político nacional, contra el auto del 22 de octubre de 2020, el que fue registrado como queja 3/2021”, por lo que procede al estudio de la misma.
El 22 de octubre del 2020, el Juzgado dictó el siguiente acuerdo: “se desecha de plano por extemporánea la ampliación de demanda que refiere el representante legal del PRD en el escrito de cuenta”.
La solicitud a la ampliación de la demanda del PRD era contra el embargo de la cuenta del comité nacional del organismo en el banco BBVA, con la cantidad arriba mencionada (seis millones 956 mil pesos), ordenado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en Victoria.
Fue el 24 de agosto del 2020 cuando el comité estatal del PRD en Tamaulipas presentó demanda en contra de la Junta por el auto de ejecución de laudo de 5 de agosto del 2020, en favor de un empleado despedido injustificadamente; y hasta el 21 de octubre presentó ampliación de la demanda, cuando desde el 14 de agosto de ese año ya sabía que en el juicio laboral 74/E03/2019 se había embargado la cuenta del comité nacional del PRD, y tenía 15 días para acudir al juicio de amparo.
El argumento del PRD en la ampliación de la demanda era que el empleado despedido no trabajaba para el comité nacional, sino para el estatal. Ambos entes políticos operan con sus propios recursos financieros, el estatal recibe financiamiento público de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), y el nacional del INE, y fue a este último instituto a quien se afectó con el embargo de una cuenta bancaria.







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