Por David Zárate Cruz
Ciudad Madero, Tamaulipas.- El Poder Judicial Federal obligó a la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Tampico a citar a juicio a Petróleos Mexicanos (Pemex) en cumplimiento a la sentencia 727/2020 que otorgó el amparo, ya que al no citar a la dependencia federal se violó la garantía constitucional de justicia rápida, retrasando el procedimiento.
El Juez Vladimir Véjar Gómez, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Madero, resolvió: “la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de quince días, que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo para plantear inconformidad en contra del auto mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia que concedió el amparo, sin que se haya presentado promoción alguna para tal efecto, en consecuencia debe archivarse el expediente como asunto totalmente concluido”.
El 30 de noviembre del 2020, una ciudadana acudió ante el Poder Judicial Federal en Ciudad Madero para presentar demanda en contra de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la JFCA en Tampico, por la omisión de notificar fecha de audiencia (citar a juicio) a Pemex Transformación Industrial y logística, considerándolo violatorio de la garantía constitucional de justicia rápida.
En la sentencia emitida el 25 de enero, el Juez señalo que de las constancias se acredita que hasta la fecha las autoridades responsables no han notificado a los terceros (Pemex) a la audiencia conforme al acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, de lo que este juzgador estima se trasgrede el principio de pronta impartición de justicia previsto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retrasando el juicio laboral.
El Juzgado otorgó el amparo para que la Junta emita un auto en el que ordene al actuario de su adscripción que en el término de setenta y dos horas, realice las notificaciones del acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte a los terceros llamados a juicio, apercibiéndolo que en caso de no cumplir con lo ordenado, se hará acreedor a las sanciones que establecen las leyes de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.
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