Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Juzgado Cuarto Civil de Altamira deberá evaluar si en una operación de transferencia de dinero por internet de un banco -del cual se ocultó su nombre- se realizó fraude electrónico, y si éste cuenta con las debidas medidas de protección al respecto ya que mediante la ejecutoria 101/2020 magistrados federales otorgaron el amparo a una ciudadana que realizo varios pagos pero no llegaron a su destino.
Gerónimo Luis Ramos García, secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, en funciones de magistrado, determinó que el Juzgado debía ponderar las pruebas ofrecidas por las partes, para determinar si la plataforma de donde se ejecutó la operación es fiable y segura, y si existe la certeza de que una transacción sólo se realizará si se ingresan los datos correctos y no pueda tratarse de un fraude electrónico.
En este caso, una ciudadana presentó demanda en contra del banco, señalando que realizó tres pagos por transferencia bancaria por internet en Tampico, pero no llegaron a su destino y reclamó a la institución bancaria la devolución del dinero. El Juzgado estatal de Altamira negó la razón a la cuentahabiente, por lo que ésta recurrió al juicio de amparo.
Gerónimo Luis Ramos García, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que el Juzgado debió corroborar previamente al imponer las cargas probatorias, que el mensaje de datos proviene del emisor y que él mismo lo envió; que se usaron medios de identificación, tales como claves o contraseñas del emisor, o bien, que se envió por un sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que opere automáticamente, sin que así lo haya hecho.
El pleno judicial otorgó el amparo para que el Juzgado Cuarto Civil de Altamira deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria relacionados con las cargas probatorias de las partes, determine si se actualiza o no la presunción a que se refieren los artículos 90, 90 bis, y 95 del Código de Comercio, valorando para ello las pruebas aportadas y resuelva lo que en derecho corresponda.







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