Por Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un supervisor de talleres del penal de Altamira deberá ser reinstalado en el cargo y cobrar el salario actualizado desde el 14 de mayo del 2005, ya que mediante la ejecutoria 101/2021, magistrados federales le negaron el amparo al gobierno del estado debido a que no logró demostrar que fuera un empleado de confianza, como lo argumentó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem).
El magistrado Javier Loyola Zosa, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Victoria, determinó que en el diverso juicio de amparo directo 804/2019 ya fueron analizados los argumentos expuestos por la administración estatal , con los cuales pretendía combatir la condena de las prestaciones reclamadas consistentes en reinstalación, pago de salarios caídos, prima vacacional y aguinaldo; agregando que, respecto al tema de acreditación del salario, no formuló concepto alguno.
El 14 de diciembre del 2020, el Tcatsem emitió el Laudo del juicio laboral 53/2005, mediante el cual condenó al Gobierno del Estado a reinstalar al actor en el puesto de supervisor de talleres, en los mismos términos y condiciones en los que se venía desempeñando, así como al pago de un millón 305 mil 645.17 pesos, por concepto de salarios caídos desde la fecha del despido, ante lo cual la autoridad estatal recurrió al juicio de amparo.
El Magistrado Javier Loyola Zosa determinó que, si en el tema de acreditación del salario, no formuló concepto alguno, y de haberlo formulado, seguiría la suerte de los aquí expuestos que fueron calificados de inoperantes, por también constituir cosa juzgada, inconformidades con las que ahora pretende impugnar las determinaciones de la responsable relacionadas con dichos tópicos, de ahí que resulte incuestionable que deben estimarse inoperantes los conceptos de violación.
Cabe señalar que la parte obrera también promovió el juicio de amparo 788/2019, resuelto en forma simultánea al 804/2019 relacionado, del demandado, en sesión plenaria de dieciséis de enero de dos mil veinte, en el que se le otorgó la protección constitucional y el Tcatsem se encontraba constreñido a reiterar las condenas a la reinstalación, pago de salarios caídos, prima vacacional y aguinaldo, ante lo cual el pleno judicial negó el amparo, con lo que el empleado del penal de Altamira resultó beneficiado.
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