Por Agencias
Estado de México.- Florian Tudor, considerado el líder de la llamada mafia rumana, dedicada a la trata de personas y clonación de tarjetas bancarias a escala internacional, se quejó de malos tratos e incomunicación en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México, donde permanece privado de la libertad desde 2021, cuando fue detenido por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.
El presunto delincuente promovió un nuevo juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien le concedió la suspensión de plano contra los actos privativos de la libertad e incomunicación.
En su demanda Florian Tudor manifestó problemas de salud como consecuencia de supuestos actos de tortura ocurridos en agosto pasado. Sin embargo, el juez señaló que no estima ni advierte que se encuentre comprometida su integridad y dignidad personal de manera grave, “pues no se observó que se ponga en riesgo su salud y/o su vida dado que no se evidencia la pérdida o menoscabo de alguna capacidad física u orgánica, y menos aún que se ubique en un riesgo previsible o inminente de pérdida de la vida”.
El togado dijo que igualmente, no se inadvierten las manifestaciones relativas a que no se le ha brindado el servicio de tienda, ni clases de licenciatura, así como que no ha recibido correspondencia de su familia; no obstante, dijo que se reserva acordar lo conducente hasta en tanto el quejoso presente la información donde afirma lo anterior.
Respecto a las manifestaciones de Tudor donde refiere “temer seguir siendo torturado y que en sus revisiones se le obligue a desnudarse completamente, así como seguir siendo molestado por personal de seguridad del centro de reclusión en que se encuentra”, el juez le recordó que en agosto de este año también se le otorgó una suspensión de oficio y de plano respecto de los actos reclamados (golpes, tortura, malos tratos consistentes en discriminación y falta de atención medica); lo cual, agregó, las autoridades responsables se encuentran obligadas a su cumplimiento.
Asimismo, el juez dio a conocer que el director general y presidente del comité técnico y director de custodia penitenciaria, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, rindió su informe relativo al cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano. (César Arellano García/La Jornada).
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