Por Agencias
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga desde 2021 al consorcio empresarial Latinus por delitos de lavado de dinero y actos de corrupción, dio a conocer este miércoles su titular, Pablo Gómez Álvarez.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Gómez Álvarez detalló que a partir de alertas emitidas por bancos mexicanos por movimientos financieros inusuales e información obtenida mediante Inteligencia financiera, se detectó que hay triangulaciones de dinero y un esquema de defraudación en el que están implicadas las cinco empresas que conforman el consorcio Latinus.
“No estamos inventando, sencillamente tiene unas empresas instrumentales que reciben recursos por compra de servicios periodísticos directamente o a través de tres empresas que venden servicios médicos o de salud a entidades federativas”, expuso el titular de la UIF.
Señaló que se investiga a los socios accionistas de Latinus, en particular a quien aparece como dueño del consorcio: Cristian González Guadarrama. Y descartó que en la denuncia presentada ante el Ministerio Público por la UIF por las irregularidades observadas estén incluidos Carlos Loret de Mola u otros periodistas que laboran en Latinus.
Mostró una tabla que indica que el consorcio empresarial ha recibido desde 2019 fondos públicos por parte de los gobiernos estatales del estado de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas e Hidalgo.
Añadió que estos gobiernos pagaron supuestos servicios de salud a dos empresas del consorcio Latinus y que estos fondos luego fueron triangulando dentro del propio grupo empresarial para pagar a accionistas y periodistas.
La suma total mostrada en la tabla es de dos mil 437 millones 285 mil 272 pesos con 96 centavos, recibidos entre 2019 y 2024, hallazgo que dio como resultado la denuncia presentada por la UIF por delitos de lavado de dinero y actos de corrupción.
Gómez Álvarez detalló que a partir del análisis de la información obtenida por la UIF se observa una operación de “triangulación con la que 117 millones de esos millones se han movido entre las empresas del mismo dueño y entonces pueden ver claramente dónde están las claves de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente para ocultar procedencia y objeto”.
“La base para poder formular una denuncia tiene que ser lo que el sistema financiero informa a la UIF. Nosotros no andamos haciendo indagatorias, no tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación a lo que dicen, expresan o de alguna manera mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual ni las personas en redes abiertas”, subrayó Gómez Álvarez. (Arturo Sánchez y Emir Olivares/La Jornada).
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