Por Agencias
Ciudad de México.- Un juez de distrito ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) que se abstenga de implementar el proceso electoral judicial, 2024-2025 para la elección de jueces, magistrados y ministros, además de emitir acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización.
Erika Nictehá Flores Gutiérrez representante legal de Fundación Iris en promoción y defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil obtuvo una suspensión provisional que le otorgó Francisco Javier García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Colima.
El juzgador dio plazo de 24 horas para que las autoridades acaten la suspensión provisional, de no hacerlo, impondrá una pena de tres a nueve años de prisión, multa de 150 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión.
No obstante las autoridades pueden impugnar el fallo para que un tribunal colegiado determine si confirma, modifica o revoca el fallo.
La activista amplió su demanda de amparo contra la reforma judicial, donde el juez le concedió la medida cautelar al señalar que el acto reclamado “deviene de un fruto envenenado”, pues dicho proceso legislativo, no se llevó conforme al procedimiento legislativo destacado, transgrediendo con ello la garantía de seguridad jurídica.
El impartidor de justicia demandó al Senado que se abstenga de emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación.
El juzgador también ordenó al Senado que se abstenga de emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas, de tomar protesta de su encargo de los juzgadores vencedores en la eventual elección, así como la ejecución del decreto de reformas reclamado consistente en la toma protesta de su encargo de los juzgadores vencedores en la eventual elección el 1 de septiembre de 2025.
Pero no solo eso, resolvió que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados y el Congreso de la Ciudad de México se abstengan de realizar de las adecuaciones a las leyes federales y locales para adecuar la reforma judicial dentro del plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto.
La suspension le impide al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ejecutar la implementación de un plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales al Tribunal de Disciplina Judicial en lo que respecta a las funciones de disciplina y control interno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación; y al órgano de administración judicial en lo que corresponde a sus funciones administrativas y de carrera judicial, así como la emisión de los acuerdos generales y específicos que se requieran para implementar dicho plan de trabajo.
García Contreras agendó la audiencia incidental para el 30 de septiembre para resolver si concede la suspensión definitiva. (César Arellano García/La Jornada).
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