Por José Gregorio Aguilar
Cd. Victoria, Tamaulipas.- El fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó la recepción de una denuncia presentada por el maestro Geovanni Vladimir Chávez Soto, adscrito a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), en la cual señala a la ex titular de la dependencia, Lucía Aimé Castillo Pastor y a Gerardo Rodríguez Salazar, de Recursos Humanos, por el presunto delito de peculado.
Según el denunciante, su salario ha sido retenido desde junio de 2017, a pesar de que su registro en la nómina sigue activo. Ante esta situación, el fiscal indicó que el caso es atípico, pues Chávez Soto sostiene que aún figura como trabajador en funciones en la SET.
“Efectivamente, es una denuncia que se ha recibido y se le ha atendido, como a todas las personas que acuden a formular alguna denuncia. El inconforme, la persona que se dice agraviada, refiere que tiene varios años que le retuvieron su salario como empleado de la SET, aunque es algo un poco extraordinario y curioso el caso, porque él habla que de que esa retención o suspensión de sueldo data del 2018 y asegura estar activo hasta la fecha”.
Actualmente, la denuncia también menciona posibles responsabilidades de funcionarios de la administración actual, por lo que la Fiscalía Anticorrupción está en proceso de recabar información. Se han recibido informes preliminares por parte de la Secretaría de Educación, pero se requiere una revisión exhaustiva de documentos como comprobantes de pago, nómina y estados de cuenta sindicales.
“Su denuncia ya parece dirigirla a funcionarios de la presente administración, bajo las consideraciones que él ha estimado. Lo cierto es que es una situación atípica, porque de entrada él mismo refiere que son hechos que datan de hace varios años, de la administración anterior. Todo esto nos ha llevado a recabar información, la que aún no está completa. Es decir, nosotros haríamos primero una requisa de toda la información y de registros. Ahorita se han venido recibiendo informes generales preliminares por parte de la misma Secretaría de Educación, pero habría que ir mucho más allá”.
El Fiscal señaló que no hay un plazo determinado para concluir la investigación, ya que se debe verificar si existen elementos que confirmen un delito.
Asimismo, destacó la necesidad de contar con información objetiva antes de emitir cualquier juicio sobre los recursos presuntamente desviados.
“El agravio sí es entendible, pero lo que tenemos que hacer es buscar primero dentro de los aspectos que él ha mencionado, porque ha sido muy profusa la información que el afectado ha proporcionado. Existe algún elemento que conduzca a la idea de que se ha cometido un delito, máxime si él se lo atribuye no a secretarios anteriores sino a la actual. Entonces no vamos a desestimar a priori lo denunciado pero si tenemos que ahondar en la búsqueda de información, porque sería una situación extraordinaria en donde una persona ha permanecido tantos años sin percibir salario cuando está activo, al menos de acuerdo con lo que él dice”.
El proceso podría prolongarse durante varias semanas debido a la complejidad del caso, que involucra tanto aspectos administrativos como posibles irregularidades financieras.
Dijo por último que no se puede precisar una fecha porque cada caso tiene sus particularidades, y éste no obstante que podría implicar un aspecto administrativo, más que de otro carácter, sí requiere de tiempo para poder esclarecerse.
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