Por Redacción
Tribunal Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Después de que el Tribunal de Justicia Administrativa emitió el fallo contra el Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V. por el tema del suministro de despensas, la Secretaría de Administración, aportó pruebas que avalan que el proveedor falsificó y alteró las fianzas para obtener el contrato de manera ilegal.
La secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván y el subsecretario de Legalidad, Jorge Luis Beas Gámez reiteraron el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la legalidad, la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos y aseguraron que se cuenta con evidencia clara para sostener que la rescisión del contrato con la empresa Dalka es procedente y se cuenta con el material probatorio para exhibir la conducta delictiva e ilegal con que actuó dicha empresa.
“El Estado seguirá los cauces legales y presentará las pruebas correspondientes siempre para defender el interés público. Estamos obligados como Estado a defender el interés de toda la sociedad y no vamos a permitir la vigencia de un contrato que a todas luces se encuentra viciado y sería ilegal”, expuso Jorge Luis Beas.
En conferencia de prensa, la tarde de este martes, los funcionarios explicaron que como parte de las investigaciones, la agencia afianzadora EB Y A emitió un informe donde establece que los trámites para obtener las fianzas, se emitieron el día 11 de abril, a pesar de que el contrato fue firmado con antelación el 15 de marzo y fueron gestionados por un tercero, Mario Montiel Mora, representante de otra empresa, Empacadora La Merced, S.A. de C.V. lo que confirma que las pólizas no fueron entregadas formalmente por Dalka y que no existen registros de haberse recibido en las instancias de gobierno en el plazo legal establecido.
“Estas manifestaciones que exponemos están sustentadas en pruebas documentales y qué mejor prueba que lo que afirma en un documento la compañía afianzadora”, expresó.
Por su parte la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou, expuso ante los medios de comunicación que, para garantizar el suministro de las despensas requeridas por la Secretaría de Bienestar de Tamaulipas, estableció un contrato con DICONSA, que es una empresa del gobierno y queda excluida de la Ley de Adquisiciones, además de que ofrecía las mejores condiciones para el estado.
LA HISTORIA
El Gobierno del Estado debería pagar 500 millones de pesos por indemnización al Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V., tras la cancelación de un contrato para la adquisición de despensas.
Lo anterior al resolverse el juicio de nulidad promovido por el administrador único de la empresa, luego que la entonces Secretaria de Bienestar, Verónica Aguirre de los Santos decidió cancelar el contrato.
El contrato para la adquisición de las despensas que serían entregadas como parte del programa de apoyo alimentario, fue firmado en 2023, y luego cancelado por la entonces titular de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien).
Ante esto, la empresa promovió ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el 8 de junio del 2023, un juicio de nulidad contra la resolución de 25 de abril de 2023, en la que se determinó la rescisión del contrato SEBIEN/CONT/CGJ/001/2023.
El Tribunal revisó el expediente 047/2023/I-A, relativo al juicio de nulidad promovido por el administrador único de la denominada Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V., en contra de actos de la Secretaría de Administración y Secretaría de Bienestar Social del Estado.
Al resolver de manera definitiva el asunto, el Tribunal resolvió que el Gobierno del Estado debería cubrir el monto pactado originalmente por el contrato cancelado, informó entonces la empresa.
Aunque las causas de la cancelación no fueron aclaradas entonces, la sentencia señalaba que el
pago de los 500 millones de pesos debería efectuarse conforme a lo dictado por la autoridad judicial.
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