Por José Gregorio Aguilar
Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado ha puesto en la mira a la Auditoría Superior del Estado (ASE), al solicitarle al auditor superior Francisco Noriega Orozco un informe detallado y urgente sobre el estado de las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2021 y 2022.
La legislatura local ha manifestado su preocupación ante la falta de transparencia y el desconocimiento sobre el destino de los recursos durante los últimos años del sexenio del ex gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El presidente de la comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del Congreso, Isidro Vargas Fernández, subrayó que como órgano técnico del Poder Legislativo la ASE tiene la obligación de rendir cuentas.
A pesar de que el Congreso del Estado tiene hasta el 15 de diciembre para pronunciarse sobre las cuentas del 2023, las correspondientes al 2021 y 2022 aún no han sido remitidas en su totalidad al Poder Legislativo, dejando en el aire miles de millones de pesos.
«Es un tema pendiente que tiene la Auditoría Superior del Estado, en el que tiene que despachar y en definitiva enviar la respuesta al Poder Legislativo del ejercicio fiscal 2021 y 2022, pues desconocemos en qué sentido quedaron», puntualizó Vargas Fernández.
El legislador morenista explicó que si bien las cuentas de 2023 ya fueron entregadas con observaciones (y las dependencias tienen hasta el 15 de diciembre para solventar), la situación de los ejercicios anteriores es un vacío informativo inaceptable.
Vargas Fernández hizo hincapié en la falta de claridad respecto al ejercicio fiscal 2021, sobre el cual no se ha enviado ningún reporte previo de cómo se ejercieron los recursos por las entidades de la administración anterior.
Recordó que aunque se habían enviado algunas cuentas, la Comisión solicitó una ampliación para que la ASE se pronunciara, pero no se ha recibido más información.
Esta demanda del Congreso cobra mayor relevancia al recordar las declaraciones del propio Noriega Orozco, quien en su momento señaló que entre 800 y mil millones de pesos de la administración anterior aún no han sido comprobados.
«Ese es el dato que queremos saber en qué terminó, porque ya estamos a 2025 y, de acuerdo con la ley estatal, eso debimos ya calificarlo por el Congreso», sentenció Vargas Fernández, evidenciando la urgencia de esclarecer el manejo de los fondos públicos que, hasta ahora, permanece en la opacidad.
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